"Un asunto de orden público": editorial de Ley del Montes

En varios sectores de la ciudad, los usuarios decidieron bloquear las vías de acceso y quemar llantas, para protestar por la caótica situación. Es decir, la crisis dejó de estar relacionada con la prestación de un servicio público para convertirse en un asunto de alteración del orden público, que requiere –inclusive- de la presencia de la Policía Metropolitana para que controle las expresiones agresivas y violentas de los ya cansados usuarios.

Lo que está ocurriendo no es, pues, un asunto menor. Ya no se trata del cumplimiento de unos compromisos adquiridos por la empresa con el Gobierno Nacional o Distrital, o del mantenimiento o expansión de las redes de Electricaribe en la ciudad, sino del inconformismo creciente por parte de quienes cumplidamente pagan un servicio público, que por cierto sufrió un aumento considerable en las tarifas, lo que terminó golpeando aún más los bolsillos de los barranquilleros.

De manera que la gravedad de la situación, la crispación de los ánimos de los usuarios y la alteración del orden público en algunos barrios de la ciudad, obligan a las autoridades competentes, incluyendo al Alcalde, al nuevo ministro de Minas –y claro, a las directivas de Electricaribe- a apersonarse de la situación y en el menor tiempo posible ofrecer soluciones concretas a la crisis.

Está visto que los pañitos de agua tibia y los anuncios que hablan de un servicio óptimo no han sido suficientes. Hay que pasar de las palabras –y de las promesas- a los  hechos.