La Procuraduría General de la Nación abrió un nuevo proceso investigativo disciplinario en contra del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por un contrato de auditoría que no se ejecutó en el Acueducto Metropolitano.
Por este contrato, la Contraloría Municipal le embargó el salario al alcalde.
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La Contraloría, también, adelanta una investigación fiscal en contra de los siete miembros de la junta directiva de la compañía del acueducto, por presuntas irregularidades en el contrato de $378 millones que fue adjudicado al ingeniero Felipe Ardila, amigo personal del alcalde.
“Este contrato era para analizar presuntas irregularidades en la construcción de la represa del río Tona (…) El ingeniero Felipe Ardila recibió un pago inicial por $90 millones, pero no terminó de ejecutar el contrato y tampoco devolvió el dinero”, aseguró el presidente del sindicato del acueducto, Rafael Ovalle.
Cuando la Contraloría le embargó el sueldo al mandatario de los bumangueses, él aseguró que era un resultado de la politiquería.
“Esto no es más que un resultado de la politiquería, resolvieron entonces una medida preventiva y me embargaron las cuentas. Eso no pasa nada, afortunadamente estoy gordo, cachetón y colorado”, manifestó.
La Procuraduría General de la Nación adelanta seis investigaciones disciplinarias contra el alcalde de Bucaramanga.
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