Dentro de los 19 casos de corrupción en el departamento de Santander, de los que el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, entregó resultados en el marco de la operación Guane fase 1, el jefe del ente acusador reveló detalles de dos investigaciones que enredan a las administraciones de Hugo Aguilar Naranjo y Richard Aguilar Villa, respectivamente.
Por un lado el fiscal Martínez informó que ya se imputaron cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica y material de documento privado, contra cinco involucrados en un caso de “capacitaciones fantasmas”, durante la gestión del gobernador Richard Aguilar.
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Se trata del contrato 04280, suscrito el 20 de septiembre de 2013, entre la Secretaría de Interior de la Gobernación de Santander y la Fundación Funprocom para el fortalecimiento de las organizaciones comunales y los líderes institucionales. El contrato tuvo un valor de 70 millones de pesos.
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“Durante las verificaciones la Fiscalía encontró varias inconsistencias en la documentación que soportaban el proceso de contratación, y que concluyen que las capacitaciones nunca se realizaron”, explicó el Fiscal General.
A este caso está vinculado el exsecretario del Interior de Santander y excandidato a la alcaldía de Bucaramanga, Carlos Ibañez Muñoz, quien fue citado a audiencia de imputación de cargos, junto a otros cuatro exfuncionarios y contratistas.
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Caso Fundacon: gobernación de Hugo Aguilar Naranjo
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El otro caso de presunta corrupción que investiga la Fiscalía y enreda la gestión del polémico exgobernador Hugo Aguilar Naranjo, padre de Richard.
Según el fiscal Martínez, el convenio por 650 millones de pesos firmado el 13 de agosto de 2007, por la Gobernación de Santander con Fundacon, para la adquisición de regalos que serían entregados a niños del departamento de Santander no fue ejecutado en su totalidad.
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En esta investigación la Fiscalía vincula al exsecretario de Desarrollo y excandidato a la gobernación, Holger Horacio Díaz, a la representante legal de la fundación y a la supervisora del contrato, a quienes el pasado mes de julio se imputaron cargos.
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Los delitos que se habrían cometido son peculado por apropiación, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público e interés indebido en la celebración de contratos.
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