Las victimas del abuso, esclavitud sexual y reclutamiento, al que fueron sometidos los alumnos del colegio del corregimiento de Riachuelo, del municipio de Charalá, Santander, por paramilitares entre los años 2000 y 2004, con la posible complacencia de la rectora Lucila Gutiérrez, no salen de su asombro por la decisión que tomo un juez que ordenó la libertad de la docente y la de su esposo Luis moreno, que para la época de los hechos era concejal de esa localidad.
Lucila Gutiérrez, era sindicada de los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual, desplazamiento forzado, acto sexual abusivo y reclutamiento ilícito.
La exrectora y el exconcejal, quedaron en libertad, al parecer, porque se habrían cometido varios vicios de procedimiento por parte de la Fiscalía. Al parecer, los señalados, se enteraron de la investigación cuando fueron capturados y nunca se les llamo a versión libre, descargos o indagatorias. Esto debido a que los hechos imputados fueron al parecer cometidos antes de comenzar a regir el nuevo sistema penal acusatorio.
Lucila Gutiérrez y Luis Moreno, habían sido condenados hace un mes a 13 años de cárcel, por el homicidio del campesino Libardo Díaz, proceso judicial donde al parecer se cometieron errores de procedimiento por parte de la Fiscalía, que llevó al Juez Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga a ordenar la libertad de la pareja.
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Sin embargo, la exrectora y su esposo, continúan vinculados al proceso por los hechos ocurrieron hace 17 años en el colegio del corregimiento de Riachuelo del municipio de Charalá y donde presuntamente favorecieron a paramilitares en el abuso y reclutamiento de menores.
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