El objetivo de este protocolo será evitar que estos pacientes o sus acompañantes puedan atentar contra la vida o integridad de personas presentes en la institución.
La decisión del alto tribunal es consecuencia de la condena de reparación directa que se le impuso por la muerte de un paciente con problemas mentales que se suicidó allí hace 10 años.
Por medio de un fallo se ordenó al Hospital Universitario de Santander pagarle a la familia del muerto más de 73 millones de pesos, sumado a los gastos de las exequias, como resarcimiento del daño moral y material causado por este hecho.
Esta persona padecía una enfermedad mental y se encontraba conduciendo el vehículo de su hermano en contravía, cerca de unas instalaciones militares. Allí recibió dos disparos, aparentemente, fruto de la acción de agentes que intentaban detenerlo.
El hombre fue trasladado a urgencias del Hospital Universitario de Santander para atención de sus heridas. Sin embargo, el paciente permaneció interno 8 días y finalmente decidió lanzarse por la ventana de su habitación, ubicada en el noveno piso del hospital, en medio de un cuadro de esquizofrenia paranoide y síndrome de abstinencia.
Familiares del paciente interpusieron la demanda de reparación directa ante el Tribunal Administrativo de Santander. La decisión final de la justicia arrojó el hospital era responsable por no cumplir con sus deberes de seguridad y custodia, pese a la evidencia de los problemas mentales y episodios suicidas de los que había sido protagonista el paciente en el pasado.
El Consejo de Estado determinó que cualquier hospital, sin importar que su especialidad no sea la siquiatría, debe mantener estándares de seguridad y prevención, para evitar que los pacientes o sus acompañantes que padezcan de afecciones como estas pongan en peligro la vida o integridad física de las personas.
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