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Procuraduría citó a exfuncionarios de Santander por aprobar incentivos pecuniarios

La Procuraduría General de la Nación convocó a audiencia pública a la exsecretaria de Hacienda y exsecretario general de la Gobernación de Santander.

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Foto Gobernación de Santander-prensa

El motivo de la audiencia es por hechos ocurridos en la vigencia 2011 bajo el gobierno de Horacio Serpa Uribe, cuando los investigados; Ana Milena Alfonzo Amaya en su condición de secretaria de Hacienda, y a Jaime Ordóñez Ordóñez, en calidad de secretario general de la Gobernación de Santander, concedieron incentivos pecuniarios por valor de $28.200.000 a favor de 38 funcionarios de la Gobernación de Santander, sin ningún fundamento legal.
 
 
El ente de control busca establecer si los investigados incurrieron en falta disciplinaria por presuntamente reconocer incentivos a 38 funcionarios adscritos a la Secretaría de Hacienda y Secretaría General de la Gobernación de Santander por apoyar las labores de cierre de la vigencia 2011, por valor de $28.200.000.
 
 
Según las pruebas documentales, habrían hecho estas concesiones pecuniarias argumentando que los funcionarios de sus despachos habían trabajado jornadas extensas, incluidos sábados y domingos durante el mes de diciembre de 2011.
 
 
Al parecer los investigados podrían haber desconocido el Decreto 243 de 2006 que contempla en su artículo 30 “Para otorgar los incentivos, el nivel de excelencia de los empleados se establecerá con base en la calificación definitiva resultante de la evaluación del desempeño laboral y el de los equipos de trabajo, se determinará con base en la evaluación de los resultados del trabajo en equipo, de la calidad del mismo y de sus efectos en el mejoramiento del servicio; de la eficiencia con que se haya realizado su labor y de su funcionamiento como equipo de trabajo”.
 
 
Según lo contempla el citado decreto en su artículo 32: los empleados deberán reunir los siguientes requisitos para participar de los incentivos institucionales: Acreditar tiempo de servicios continuo en la respectiva entidad no inferior a un año, no haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la fecha de postulación o durante el proceso de selección y acreditar nivel de excelencia en la evaluación del desempeño en firme, correspondiente al año inmediatamente anterior.
 
 
Según la investigación los exfuncionarios afectaron el erario departamental, toda vez que en ninguna normatividad que regula el sistema de estímulos para las entidades públicas se consigna que por cumplir las funciones propias de un cargo, los funcionarios puedan percibir una remuneración adicional.
 
 
La faltafue calificada provisionalmente como grave a título de culpa gravísima, por considerar que posiblemente violaron reglas de obligatorio cumplimiento. 
 
 
La audiencia tendrá lugar el 4 de enero de 2017, a partir de las ocho de la mañana 8:00 a. m., en el auditorio de la Procuraduría Regional de Santander ubicado en la calle 37 nro. 12-08 de la ciudad de Bucaramanga.
 
 
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