El servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Santander (HUS) enfrenta una crítica situación por la alta demanda de pacientes, lo que ha llevado a una ocupación que supera ampliamente su capacidad instalada, especialmente en las áreas de adultos y ginecoobstetricia.De acuerdo con el más reciente reporte institucional, la atención en urgencias de adultos alcanza el 140% de ocupación, mientras que ginecoobstetricia llega al 175%, cifras que reflejan una saturación que dificulta la operación normal del centro asistencial.El subgerente del hospital, Orlando Quintero, explicó que la infraestructura habilitada no está diseñada para soportar el volumen actual de pacientes.“Tenemos sobreocupación en los servicios de urgencias adultos y ginecoobstetricia. Nuestra capacidad es de 116 pacientes adultos, 12 obstétricos y 9 pediátricos, y efectivamente estamos muy por encima de esos límites. Esto rebosa nuestra capacidad para seguir recibiendo pacientes de otras instituciones”, señaló.El directivo indicó que, debido a la congestión, el hospital se ha visto obligado a priorizar estrictamente los casos críticos y de alta complejidad, lo que ha implicado restringir algunas remisiones provenientes de otros centros médicos del departamento, así como orientar a ciertos usuarios hacia la red básica de atención.Como hospital de referencia regional, el HUS atiende patologías complejas, cirugías especializadas, traumas graves y emergencias que requieren manejo avanzado. Por ello, las directivas hicieron un llamado a la comunidad para que acuda primero a los servicios de urgencias de las EPS o centros de atención primaria cuando se trate de casos no vitales.Según la institución, la llegada masiva de pacientes con afecciones leves o moderadas incrementa los tiempos de espera y limita la capacidad de respuesta para quienes realmente necesitan atención inmediata.“El hospital está diseñado para resolver situaciones críticas, hay urgencias que pueden ser atendidas en otros niveles de la red, si todos acudimos directamente aquí, el sistema se congestiona”, concluyó Quintero.
La Defensoría del Pueblo denunció la retención ilegal de una caravana del Pueblo Indígena Barí, resguardo Catalaura, ocurrida el pasado 16 de febrero cuando se desplazaban hacia Cúcuta para participar en las sesiones de actualización de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PATR).Según la entidad, el grupo fue detenido en un retén ilegal por hombres vestidos de civil que se identificaron como integrantes del ELN.“La misión de la comunidad tenía como propósito participar en un escenario institucional clave para la planeación territorial y la construcción de paz. Sin embargo, durante la retención, la delegación fue objeto de intimidaciones con armas de fuego, revisión de sus celulares y señalamientos estigmatizantes que los vincularon falsamente con actores armados que operan en la zona, generando temor y afectando el ejercicio de su derecho a la participación”, asegura la Defensoría en un comunicado.La entidad señala que aunque la caravana logró llegar posteriormente a Cúcuta sin incidentes, el episodio dejó un ambiente de zozobra, “pues la estigmatización les genera temor de que puedan agravarse las agresiones”.La Defensoría señaló que este tipo de acciones vulnera la integridad de los líderes indígenas y constituye una infracción al Derecho Internacional Humanitario, recordando que el principio de distinción obliga a todos los grupos armados ilegales a no involucrar a la población civil en el conflicto.En ese contexto, hizo un llamado a las autoridades para activar las rutas de prevención y protección que garanticen la seguridad de los delegados, tanto durante su permanencia en Cúcuta como en su retorno al territorio.También “reitera su llamado a los grupos armados para que cesen cualquier acción que ponga en riesgo a las autoridades ancestrales y respeten los espacios de interlocución legítima de los pueblos indígenas con el Estado”.La entidad anunció que continuará acompañando al Pueblo Barí para que pueda ejercer su derecho a la participación sin miedo a represalias ni ataques contra su vida e integridad.
Desde las 7:00 de la mañana de este viernes 20 de febrero comenzó la huelga convocada por el sindicato Sintraelecol en la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA), filial del Grupo EPM, luego de no lograrse un acuerdo dentro del proceso de negociación colectiva.La decisión fue aprobada en Asamblea General el pasado 7 de febrero por las subdirectivas del sindicato en Bucaramanga, Barrancabermeja, Socorro, San Gil y Barbosa, tras agotarse 40 días de arreglo directo y dos jornadas de mediación realizadas el 11 y 16 de febrero en Bogotá con acompañamiento del Gobierno Nacional.El sindicato sostiene que la empresa rechazó todas las alternativas presentadas y que la organización buscaba introducir desmejoras laborales y afectar derechos adquiridos en la convención colectiva, por lo que califican la huelga como la “última alternativa” ante el cierre del diálogo.Carlos Roncancio, asesor legal de los Trabajadores de la Energía Eléctrica en Colombia, aseguró que, durante el cese, se respetarán los servicios mínimos esenciales.“El desarrollo de esta huelga garantiza los mínimos esenciales. La ciudadanía puede estar tranquila. Los trabajadores luchan por sus derechos y por un servicio de energía eficiente para los hogares”, afirmó.Además, hizo un llamado a las autoridades nacionales y regionales para que acompañen el proceso y actúen como garantes del derecho constitucional a la huelga.“Pedimos al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas, Procuraduría, Defensoría, Superintendencia de Servicios Públicos, autoridades municipales y departamentales que sean garantes del desarrollo de la huelga y que vigilen que no haya conductas que intenten sabotear el movimiento obrero”, agregó Roncancio.Uno de los argumentos centrales de Sintraelecol es que ESSA cuenta con solidez financiera suficiente para atender el pliego de peticiones. Según el sindicato, la empresa registra márgenes operativos superiores al 28 %, rentabilidad del patrimonio cercana al 26 % y calificación crediticia AAA(col), lo que demostraría, afirman, que las solicitudes no comprometen su sostenibilidad.Entre sus peticiones también está la formalización de más de 3.000 trabajadores tercerizados que desarrollan actividades misionales permanentes. Asimismo, pidieron al Ministerio del Trabajo seguimiento para evitar represalias contra quienes participan en el cese.Tras el inicio de la huelga, Blu Radio conoció una carta enviada por el gerente general de EPM y líder del Grupo EPM, John Maya Salazar, a los trabajadores del grupo empresarial.En la comunicación, el directivo afirma que el Grupo EPM ofrece “una de las mejores condiciones laborales del país”, con salarios por encima del promedio del mercado y beneficios en vivienda, educación, salud y bienestar. Señala que en ESSA la compensación estaría por encima del 120 % del mercado laboral colombiano.Frente a la negociación, la empresa indicó que propuso mejoras en beneficios como auxilio sindical por alimentación, seguro de vida y fondos de vivienda y educación, además de un incremento salarial correspondiente al IPC a noviembre de 2025 más tres puntos adicionales, con el fin, según la compañía, de garantizar la sostenibilidad financiera.En la carta también se advierte que el pliego sindical tendría un costo cercano a los $243.000 millones, de los cuales $98.000 millones corresponderían a nuevos beneficios y $132.000 millones a salarios, incluyendo una solicitud de incremento del 23 %. La empresa enfatiza que ninguno de sus trabajadores devenga salario mínimo.El Grupo EPM alertó además que la huelga podría afectar a 445 profesionales del sindicato Siproessa, quienes se verán obligados a suspender actividades y salarios durante el cese.Asimismo, recordó que ESSA atiende 102 municipios en seis departamentos, con más de 958.000 clientes, entre ellos hospitales, acueductos, instituciones educativas, hogares geriátricos, centros penitenciarios, aeropuertos y usuarios con condiciones médicas especiales, por lo que subraya la importancia estratégica del servicio eléctrico.
A 18 años de prisión fue condenado Juan Diego Arias Padilla por su participación en el homicidio de una docente de 27 años, ocurrido el 30 de abril de 2025 en el barrio Chicó de Barrancabermeja, Santander.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el joven, quien tenía 19 años al momento de los hechos, admitió su responsabilidad en el crimen mediante la suscripción de un preacuerdo con el ente acusador. El acuerdo fue presentado ante un juez de la República, quien lo avaló y fijó la pena en 18 años de prisión.Las investigaciones establecieron que la víctima fue atacada por Arias Padilla, quien conducía una motocicleta desde la cual otro hombre disparó en repetidas ocasiones contra la educadora. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron del lugar.La captura del hoy condenado se produjo el 3 de diciembre de 2025, luego de varios meses de labores investigativas. Durante el proceso judicial, la Fiscalía demostró su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.El caso generó conmoción en Barrancabermeja, especialmente en el sector educativo, donde la víctima era reconocida por su labor profesional.
La Contraloría General de la República lanzó una alerta sobre las debilidades estructurales en la planeación, ejecución y control del Sistema General de Regalías (SGR), que siguen limitando su impacto en el desarrollo territorial del país, pese al volumen histórico de recursos invertidos en la última década.Durante el foro “La paradoja de las regalías”, el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra señaló que, desde 2012, se han aprobado casi 11.000 proyectos financiados con más de 26,5 billones de pesos en varias regiones del país, pero los resultados sociales no reflejan la magnitud de la inversión."En lugar de financiar proyectos integrales que transformen la calidad educativa, como redes completas de colegios, formación docente, conectividad digital o sistemas de alimentación escolar, los recursos de regalías suelen dividirse en múltiples proyectos de bajo presupuesto y alcance limitado”, explicó Rodríguez.De acuerdo con la Contraloría, el 86 % de los proyectos financiados con regalías no supera los 5.000 millones de pesos, lo que en educación se traduce en intervenciones aisladas: construcción de aulas sueltas, pequeñas dotaciones, reparaciones parciales o programas piloto sin continuidad.El resultado, explicó Rodríguez, es que se invierten miles de millones sin lograr cambios estructurales en cobertura, calidad o permanencia escolar, especialmente en municipios de categorías 5 y 6, que concentran cerca del 90 % del país y tienen capacidades técnicas muy limitadas.Entre 2022 y 2025, la Contraloría auditó 1.804 proyectos por más de 34.5 billones de pesos, con hallazgos por deficiencias en planeación, retrasos y falta de articulación con los planes de desarrollo. Se identificaron más de 1.900 hallazgos administrativos, muchos con connotación fiscal, disciplinaria y penal.Como resultado de estas auditorías, se han recuperado más de 122.000 millones de pesos y se han rescatado 184 obras por un valor superior a 2.8 billones de pesos a través de la estrategia “Salvando Obras”.“Hablar del Sistema General de Regalías es hablar del desarrollo territorial del país, pero también reconocer que los resultados siguen siendo insuficientes frente a las necesidades reales de las comunidades”, concluyó Rodríguez.El contralor insistió en que los recursos del subsuelo no pueden seguir diluyéndose en proyectos sin impacto y pidió cambios estructurales en la forma de planificar, ejecutar y controlar las regalías. Entre las recomendaciones se incluyen un presupuesto por programas, mayor priorización basada en evidencia de brechas sociales y fortalecimiento del seguimiento y evaluación de resultados.
El procurador Gregorio Eljach responsabilizó a varias entidades del Estado por la emergencia invernal en Córdoba, calificó de indignantes las condiciones de las comunidades afectadas y anunció que en menos de un mes se conocerán las sanciones contra los responsables, mientras pidió medidas urgentes en salud, reparación y garantías electorales.Desde Montería, el procurador aseguró que la emergencia por lluvias en el departamento es el resultado de la inoperancia de varias entidades del Estado, por lo que anunció que en menos de un mes se conocerán las sanciones a las que serán expuestos los responsables de esta tragedia.Eljach señaló que es indignante ver que después de 15 días de la tragedia las comunidades siguen viviendo en condiciones inhumanas y a la espera de respuestas y soluciones efectivas, estructurales y reales que les permita recuperarse y retornar a sus hogares.El procurador resaltó que es importante gestionar desde ya estrategias con el fin de mitigar los impactos en la salud que vendrán cuando se logre sacar toda el agua de los territorios, pues con ello vendrán acumulaciones de material orgánico y bacterias, por lo que insistió en la necesidad de medidas preventivas para evitar emergencias en salud pública.Este jueves 19 de febrero Eljach se trasladó a la región donde desde hace varios días funcionarios de las procuradurías delegadas de Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social y para Asuntos Ambientales y Agrarios han estado solicitando información a las entidades encargadas de brindar apoyo y seguridad a los ciudadanos. La visita del procurador tiene como objetivo evaluar las estrategias para garantizar la reparación de las víctimas y las elecciones del próximo 8 de marzo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que 50 millones de barriles de petróleo están en camino hacia la ciudad de Houston, algo que considera "fantástico" para Venezuela."Nos llevamos 50 millones de barriles de petróleo. Están flotando en este momento y en barcos extremadamente grandes hacia Houston", dijo Trump durante un mitin republicano en una planta industrial de Georgia.Sin mencionar directamente a la presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez, el mandatario finalizó diciendo que "está haciendo un gran trabajo".Posteriormente, Trump retomó los temas nacionales sobre economía y las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre.Los comentarios del mandatario sobre el petróleo se producen 24 horas después de que el Departamento del Tesoro oficializara una norma que flexibiliza las restricciones a las petroleras que operan en Venezuela y les permite exportar crudo bajo estrictas condiciones de supervisión y reporte.Las nuevas licencias autorizan a cinco grandes compañías —Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol— a realizar transacciones vinculadas a hidrocarburos con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y otras entidades públicas.El permiso exige que los contratos se rijan por la jurisdicción estadounidense y que los pagos a personas sancionadas por la OFAC se canalicen a cuentas designadas por el Tesoro.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 19 de febrero de 2026:La prensa argentina reporta que Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tiene prohibida su salida del país en medio de una investigación por manejo de recursos.El arbitraje quedó en el ojo del huracán tras el duelo entre Junior de Barranquilla y América de Cali, con fuertes críticas por decisiones polémicas durante el partido equivalente a la fecha 7 de la Liga BetPlay.Desde Río de Janeiro, Carlo Ancelotti confirmó que renovaría por cuatro años más su vínculo con la Confederação Brasileira de Futebol (CBF) al frente de Brasil.Quedó confirmada la transmisión de partidos de grandes selecciones en marzo por Ditu y Caracol Televisión, con destaque para los duelos de la Selección Colombia ante Croacia y Francia.Escuche el programa completo aquí:
El chance Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente en Antioquia, donde su nombre —ligado a la identidad paisa— fortalece su arraigo cultural. Cada noche, miles de jugadores revisan los resultados oficiales con la expectativa de acertar y obtener un premio.Resultado oficial del Paisita Noche – 19 de febrero de 2026En el sorteo realizado el jueves, 19 de febrero de 2026, el número ganador fue: 9492 - Tigre.Número ganador: 9492.Animal: Tigre.Dos últimas cifras: 92.Tres últimas cifras: 492.Estos son los únicos resultados válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha. Se recomienda a los jugadores contrastar su apuesta exclusivamente con la información publicada en los canales oficiales.Quinta balota: opción adicional vigente desde 2025Desde 2025, el Paisita Noche incorporó la quinta balota, una alternativa opcional que permite incrementar el valor del premio si el jugador acierta las cuatro cifras exactas.Esta modalidad no altera la mecánica tradicional del juego, pero sí amplía las posibilidades de ganancia para quienes deciden incluirla en su apuesta. De esta manera, el sorteo mantiene su dinámica habitual y suma un incentivo adicional.¿Por qué el Paisita Noche es uno de los chances más jugados?Uno de los principales factores de su popularidad es la accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, según la modalidad elegida.Para ganar, el número apostado debe coincidir con el resultado oficial de izquierda a derecha, dependiendo del tipo de jugada seleccionada. Su mecánica sencilla y la frecuencia diaria de los sorteos lo mantienen entre los juegos de azar más seguidos del país.¿A qué hora juega el Paisita Noche?El sorteo se realiza todos los días en horarios fijos:Lunes a sábado: 6:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.Estos horarios permiten a los jugadores planificar sus apuestas y consultar los resultados en tiempo real a través de medios oficiales.Modalidades de juego del Paisita NocheEl Paisita Noche ofrece diferentes modalidades que determinan el valor del premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden:Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto en el orden correcto.Combinado cuatro cifras: acierto en cualquier orden.Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden exacto.Combinado tres cifras: acierto sin importar el orden.Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.Una cifra o uña: acierto de la última cifra del resultado.Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y expectativa de premio.Cómo jugar chance en línea en ColombiaEn Colombia, el chance en línea solo puede jugarse legalmente a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en el país.Operadores oficiales como Paga Todo, Gana, Su Red o Apuestas Cúcuta 75 cuentan con portales web y aplicaciones móviles habilitadas.El proceso general incluye:Registro en una plataforma autorizada.Verificación de identidad.Recarga de saldo mediante transferencias, PSE o billeteras digitales.Selección del sorteo, número y modalidad.Confirmación y conservación del comprobante digital.Requisitos para reclamar un premio del Paisita NocheEl procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado, pero siempre exige:Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento.Según el valor del premio en UVT:Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: diligenciar Formato SIPLAFT.Iguales o superiores a 182 UVT: certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).Últimos resultados del Paisita NocheEstos han sido los resultados recientes del sorteo:18 de febrero de 2026: 1162 - Zorro.17 de febrero de 2026: 7597 - Conejo.16 de febrero de 2026: 1109 - León.15 de febrero de 2026: 2422 – Zorro.El Paisita Noche mantiene así su tradición diaria, consolidándose como una de las opciones favoritas para quienes buscan probar su suerte cada noche en Colombia
La Transversal del Carare, ubicada en el sur del departamento de Santander, cumplió un mes en emergencia tras el colapso de seis kilómetros de carretera. Una remoción en masa, que también afectó 600 hectáreas de predios campesinos, arrasó con ese importante eje vial de la región.Un mes después, la Gobernación de Santander declaró la calamidad pública en al menos 16 municipios para atender y solicitar recursos ante el Gobierno nacional.“Es una afectación que nosotros no podemos solucionar, son seis kilómetros de vías que afecta a muchas familias. Yo creo que el tramo requiere mucho dinero y tiempo en solucionarlos, hay es que habilitar las vías alternas. Por eso, inicialmente, se necesitan 50.000 millones de pesos”, indicó el gobernador de Santander, Juvenal Díaz.El mandatario explicó que la declaratoria es el paso necesario para permitir que el Gobierno Nacional, a través del Invías y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), destine recursos inmediatos para habilitar vías alternas, mientras se determina la solución definitiva.En las últimas horas se realizó un consejo de Gestión del Riesgo para analizar y revisar la situación actual por la emergencia en la Transversal del Carare.El director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Jesús Sánchez Ariza, confirmó que el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo permite conocer las afectaciones en el departamento, identificar las entidades nacionales con las que se debe articular y buscar los recursos necesarios para tratar de mitigar los problemas.La Transversal del Carare es una vía estratégica para la conectividad entre Santander, Boyacá y el Magdalena Medio. Su bloqueo afecta la movilidad comercial y el abastecimiento de las comunidades rurales que dependen exclusivamente de este corredor.
En el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra la Mujer, la secretaria de la Mujer y Equidad de Género de Santander, Lina Patricia Peñaranda, confirmó que, "en lo que va del año, se han registrado 13 feminicidios en el departamento"."Aunque la cifra representa una leve reducción frente a los 17 casos de 2024, hay que seguir trabajando para bajar esta cifra a 0", indicó Peñaranda.Entre los municipios más afectados por la violencia contra la mujer figuran Barrancabermeja, Floridablanca, Bucaramanga, Landázuri, Puerto Wilches y Sabana de Torres, territorios donde se han registrado varios episodios de feminicidio y agresión de género. Dichas zonas están en el foco de las campañas de prevención y activación de nuevos programas para evitar más tragedias, por parte de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género del departamento.Uno de los casos más sonados fue el de Rosa Ofelia Malagón, de 61 años, victima de feminicidio, en el barrio La Victoria de Bucaramanga, por parte de su expareja un hombre de 74 años, quién la atacó con un cuchillo y le propinó al menos diez puñaladas.Otro caso que causó indignación fue el crimen de Cindy Vanessa Sánchez Rodríguez, de 32 años, asesinada con arma blanca mientras dormía en su vivienda del barrio Kennedy, en el norte de Bucaramanga. El responsable fue su compañero sentimental.En Rionegro, el 23 de marzo, Sindy Gutiérrez fue sacada de su casa por hombres armados y asesinada en plena vía pública, un caso que sigue bajo investigación judicial.El 25 de mayo, en Landázuri, fue asesinada Sonia Jazmín Peña, quien intentaba retirar sus pertenencias tras terminar una relación. Su expareja la atacó con un arma blanca, convirtiéndose en el tercer feminicidio en ese municipio en lo que va del año.En Bucaramanga, dos mujeres resultaron heridas tras ser atacadas con armas traumáticas. María Alejandra Cabezas Cordero, de 22 años, recibió un disparo en el pómulo izquierdo, mientras que Carla María Ríos Díaz, de 24, fue impactada en el tórax. Las autoridades investigan si el caso está relacionado con disputas criminales, pues Cabezas sería pareja de alias Renzo, integrante de la banda Los AK-47.De acuerdo con datos del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género y de la Fundación Mujer y Futuro, Santander registra este año los feminicidios siguen aumentando y una mujer es asesinada cada 24 días.3.476 denuncias de violencia intrafamiliar en nueve mesesUn caso cada 2 horas, 497 denuncias de violencia sexual: un caso cada 12 horas y 62,8% de las víctimas no denuncia, por miedo o falta de garantías.Johana Durán, directora de la Fundación Mujer y Futuro, advirtió que las cifras siguen ubicando a Santander como uno de los departamentos con mayor incidencia de feminicidios en el país.“Cada feminicidio es una vida truncada y un llamado urgente a fortalecer la protección de las mujeres. La respuesta institucional sigue siendo insuficiente”, sostuvo.La Gobernación de Santander anunció la intensificación de campañas en los municipios priorizados, articulación con la Fiscalía y la Policía, y acompañamiento a mujeres en riesgo.La Secretaría de la Mujer indicó que se reforzarán las rutas de atención y se activarán nuevas acciones comunitarias para prevenir agresiones.
La banda dedicada al expendio de estupefacientes dentro de la Universidad Industrial de Santander, llevaba al menos seis años operando sin ser detectada. Hace ocho meses, la Sijín de la Policía Metropolitana abrió una investigación que permitió establecer que, a la vista de toda la comunidad educativa, el grupo delincuencial comercializaba diferentes tipos de droga dentro del campus en Bucaramanga.El brigadier general William Quintero reveló que la organización estaba integrada, en su mayoría, por estudiantes activos de la universidad y algunos egresados. Su estrategia consistía en ubicarse en zonas de alta afluencia, como comedores estudiantiles, donde ofrecían sus productos de forma abierta.“Vendían descaradamente, incluso a menores de 15 y 16 años. Colocaban frascos visibles como si fuera una tienda y hasta tenían códigos QR para quienes no llevaban efectivo”, explicó el oficial.Entre las sustancias incautadas, y que eran comercializadas, se encuentran marihuana exótica, derivados como wash, cocaína, tusi, éxtasis y comestibles (brownies, chocolatinas y gomas a base de cannabis). Las dosis se vendían entre $8.000 y $50.000.De acuerdo con los cálculos de la Policía, Los de la U obtenían $50 millones diarios, de ganancias, $250 millones semanales y cerca de $1.000 millones al mes, una de las operaciones de microtráfico más lucrativas detectadas a la vista de la comunidad educativa.Para evitar controles, los estupefacientes eran ingresados al campus escondidos en morrales y bolsos. Además, los implicados utilizaban discursos intimidatorios, mencionando supuestas alianzas con grupos como Los del Sur y el ELN para evitar que estudiantes denunciaran.El caso se destrabó gracias a denuncias de estudiantes y personal administrativo. A partir de allí, se desplegó un trabajo de inteligencia con agentes encubiertos, compras controladas, drones y testimonios.La madrugada del 25 de noviembre, la Policía ejecutó un operativo simultáneo en 11 viviendas cercanas a la universidad, donde fueron capturadas 14 personas con orden judicial y una más en flagrancia.Entre los detenidos hay 10 estudiantes de la UIS y cinco exestudiantes. El presunto cabecilla sería alias ‘Pechi’, quien habría liderado la distribución dentro del campus.Las autoridades encontraron 54 kilos de marihuana (avaluados en $32 millones),1.500 gramos de cocaína (más de $30 millones), Dos armas de fuego y munición, Seis celulares, Una prensa hidráulica para extraer derivados de cannabis, Material para dosificación, y $48 millones en efectivo.La Policía continúa indagando si existió algún tipo de negligencia o ayuda interna dentro del campus.“Vamos a investigar qué pasó, hay vigilancia privada y debemos revisar cómo se permitió esta operación durante tantos años”, afirmó el brigadier general Quintero.Por su parte, el alcalde encargado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, fue contundente. "Se les acabó el terreno a quienes pretenden inducir a nuestros niños, niñas y adolescentes al consumo dentro de centros educativos. La ciudad no va a permitir que se siga poniendo en riesgo a los jóvenes”.
En medio de la emergencia vial que ya completa un mes y que mantiene incomunicadas a varios municipios de la provincia de Vélez, el gobernador de Santander Juvenal Díaz Mateus anunció que realizarán un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo para determinar si se decreta la calamidad pública por el colapso de la Transversal del Carare.La decisión, según explicó el mandatario, busca habilitar mecanismos extraordinarios que permitan gestionar recursos del orden nacional para enfrentar una afectación que compromete cerca de seis kilómetros de vía, en un sector donde la montaña continúa desplazándose.El gobernador Díaz Mateus explicó que la declaratoria es el paso necesario para permitir que el Gobierno Nacional, a través del Invías y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), destine recursos inmediatos para habilitar vías alternas, mientras se determina la solución definitiva.“En el día de hoy (en la tarde) se llevará a cabo un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo que busca determinar la calamidad pública para permitir que el Gobierno Nacional invierta por lo menos 50.000 millones de pesos para habilitar las vías alternas en esa tragedia que tenemos en la provincia de Vélez”, señaló Díaz Mateus.El mandatario fue enfático en que el tramo directamente afectado requerirá una inversión mucho mayor y estudios a fondo, pues incluso podría ser necesario un nuevo trazado de la vía.Mientras tanto, la prioridad será habilitar corredores alternos que permitan garantizar la movilidad de carga, pasajeros y el acceso a bienes básicos para las comunidades aisladas.El director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Jesús Sánchez Ariza, confirmó que el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo permite conocer las afectaciones en el departamento, identificar las entidades nacionales con las que se debe articular y buscar los recursos necesarios para tratar de mitigar los problemas.Cabe recordar que la Transversal del Carare es una vía estratégica para la conectividad entre Santander, Boyacá y el Magdalena Medio. Su bloqueo afecta la movilidad comercial y el abastecimiento de las comunidades rurales que dependen exclusivamente de este corredor.Una vez concluya el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, el gobernador Díaz Mateus firmará el decreto que formaliza la calamidad pública. Con ello se iniciará la ruta administrativa para solicitar y ejecutar los recursos de urgencia.
Este miércoles a las 2:00 p.m., la Gobernación de Santander y la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género realizarán el encuentro “Memoria Viva, Poder Femenino – Voces Vivas contra la Violencia”, una jornada que busca honrar la fuerza de las mujeres del departamento y visibilizar sus historias en el marco de la lucha contra las violencias de género.Durante la jornada, se abrirán las puertas del Parque del Agua para la exposición ‘Tras las Puertas’, de la artista plástica Yeilerth Romero para conmemorar el Día de la No Violencia contra la Mujer. El evento será este miércoles, 26 de noviembre, a las 2:00 p.m.La actividad, que se desarrollará este 26 de noviembre, hace parte de Santander Segura, la estrategia departamental orientada a prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer. Según la administración, el evento no será un acto protocolario, sino un espacio simbólico y emocional para abrir puertas, escuchar historias y reconocer la memoria de quienes han resistido.“Este será un momento para sentir, recordar y transformar”, señalaron desde la Secretaría de la Mujer. El encuentro invita a ingresar “con el corazón abierto” para escuchar testimonios, valorar los silencios y reafirmar un mensaje colectivo: nunca más solas, nunca más en silencio.El gobernador Juvenal Díaz Mateus, la primera dama Victoria Casallas y la secretaria de la Mujer Lina Peñaranda entregarán un mensaje de compromiso para consolidar un Santander más seguro para las mujeres.Durante la jornada también se rendirá un homenaje a mujeres de distintas provincias que han enfrentado y superado situaciones de violencia. Serán reconocidas no solo como sobrevivientes, sino como lideresas que están construyendo nuevos caminos para sus comunidades.El evento contará con una ponencia central, protagonizada por una mujer cuya experiencia de vida se ha convertido en un ejemplo de reconstrucción y esperanza. Su relato busca inspirar a otras mujeres y recordar que es posible volver a empezar.Asimismo, se desarrollará el conversatorio “Voces Vivas”, un espacio para dialogar sobre los retos y avances en la ruta de acompañamiento integral que impulsa Santander Segura.La Gobernación extendió la invitación a la ciudadanía para participar en un encuentro que, más que informar, “busca transformar”; que no solo convoca, “sino que abraza”, y que ante todo reconoce que la voz y la memoria de las mujeres siguen vivas y son fundamentales para construir territorios libres de violencia.
La Secretaría de Salud de Santander encendió las alertas ante el alto número de quejas relacionadas con la no entrega o la demora en la dispensación de medicamentos en el departamento. Según el secretario de Salud departamental, Edwin Prada, el 70% de las reclamaciones actuales en el sector corresponden a esta problemática.De acuerdo con el funcionario, en lo corrido de 2026 se han registrado cerca de 1.800 quejas, en su mayoría por fallas en la entrega oportuna de tratamientos, situación que afecta especialmente a pacientes con enfermedades huérfanas, patologías de alto costo y cáncer.“Yo creo que el 70% de las quejas que hay en este momento del sector salud está por la no dispensación a tiempo de medicamentos. Preocupan obviamente los de enfermedades huérfanas, los medicamentos de pacientes con enfermedades de alto costo y de patologías de cáncer”, afirmó Prada.Ante la situación, la Superintendencia Nacional de Salud realizó recientemente una mesa de trabajo en Santander, con la participación de todas las EPS que operan en el departamento. El encuentro tuvo como objetivo principal abordar la problemática en la dispensación de medicamentos.El secretario recordó que el panorama es complejo, teniendo en cuenta que cerca del 80% de la población santandereana está afiliada a EPS que actualmente se encuentran intervenidas. De ese porcentaje, aproximadamente el 50% corresponde a usuarios de Nueva EPS, mientras que cerca de un 30% está afiliado a Sanitas y Coosalud, también bajo intervención. A esto se suma Famisanar, que igualmente atraviesa un proceso similar.“Aquí el llamado es a ponernos los guantes desde la Secretaría de Salud a luchar por los deberes y los derechos que tienen los pacientes en el suministro de medicamentos. No estamos para discutir ni para pelear, sino para garantizar ese derecho”, señaló.Prada destacó que, pese a la crisis en la dispensación de medicamentos, Santander cuenta con una red hospitalaria sólida. En la vigencia 2025, ninguno de los hospitales públicos del departamento cerró con riesgo financiero, y la infraestructura de salud no solo atiende a población local, sino también a pacientes de Norte de Santander, Arauca, sur de Bolívar, sur del Cesar y parte de Boyacá, además de población migrante.Sin embargo, insistió en que la principal dificultad actual es la falta de entrega de algunas moléculas y medicamentos específicos, lo que ha motivado la intervención de la Superintendencia y el acompañamiento de asociaciones de usuarios y veedores.
Un incendio, al parecer provocado de manera intencional, devastó más de 13 hectáreas del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) San Silvestre, una zona de especial importancia ecológica por ser corredor biológico del jaguar americano, el mico cariblanco y el mico aullador.En las imágenes del lugar se observa un panorama desolador: extensas áreas reducidas a cenizas, troncos calcinados, suelo completamente ennegrecido y la vegetación arrasada por las llamas. Lo que antes era cobertura boscosa hoy luce como un terreno árido, marcado por el fuego y la destrucción.Leonardo Granados, secretario de Ambiente y Transición Energética, confirmó que el incendio habría sido generado por personas que pretendían apropiarse ilegalmente de los terrenos.Desde la Secretaría de Ambiente y Transición Energética se activó un operativo conjunto con la Policía Ambiental para desalojar a los presuntos invasores e iniciar un proceso de restauración ecológica, con el fin de mitigar el impacto sobre la fauna y la flora de la zona.“Nos encontramos en el DRMI San Silvestre ante un incendio generado por personas inescrupulosas, un desastre ecológico de más de 13 hectáreas, un daño a los recursos naturales. Con la Policía Ambiental vinimos a imponer orden y autoridad para proteger esta área de especial importancia ecológica y preservar el corredor del jaguar americano, el mico cariblanco y el mico aullador. No vamos a permitir invasiones que generen daños ambientales ni contaminación con aguas residuales, porque el DRMI San Silvestre es la esencia de la diversidad. Haremos respetar la ley”, afirmó el funcionario.La Alcaldía Distrital hizo un llamado a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) para que adelante los procesos sancionatorios correspondientes y los responsables de este delito ambiental enfrenten las consecuencias legales.El DRMI San Silvestre es considerado un ecosistema estratégico para la conectividad de especies y la conservación de la biodiversidad en el territorio, por lo que autoridades ambientales reiteraron que intensificarán los controles para evitar nuevas afectaciones.
Con el acto simbólico de la primera palada de arena, la Gobernación de Santander oficializó el inicio de las obras del Centro de Espectáculos del Oriente Colombiano Arena Bonita, proyecto que transformará la tradicional Plaza de Toros Señor de los Milagros en un escenario moderno y multipropósito.La iniciativa busca convertir el antiguo coso taurino en un espacio competitivo para conciertos, espectáculos culturales, eventos deportivos y encuentros empresariales, con el propósito de dinamizar la economía regional y fortalecer el turismo de eventos en el departamento.Durante la presentación del proyecto, se señaló que la obra tendrá un impacto directo en sectores como el comercio, el transporte, la hotelería y la gastronomía, además de generar oportunidades para la economía rural.Según explicó la Gobernación de Santander, la llegada masiva de asistentes a espectáculos y actividades de gran formato impulsará el movimiento económico en distintas cadenas productivas del departamento.El proyecto contempla una adecuación integral del escenario, que tendrá una capacidad real para 18.000 personas.Las intervenciones incluyen el reforzamiento estructural bajo la norma sismo resistente NSR-10, instalación de cubierta y fachada en panel metálico de alta resistencia, renovación completa de redes hidráulicas, sanitarias y contra incendios, así como mejoras en la acústica y la tarima. También se instalarán nuevas sillas y se adecuarán espacios internos que permitirán diferentes configuraciones según el tipo de evento.El nuevo complejo contará con diseño bioclimático y un sistema central de aire acondicionado tipo agua fría, iluminación de emergencia, rutas de evacuación y un plan integral de seguridad humana para garantizar condiciones óptimas en eventos masivos.“Arena Bonita fue concebida como una arena verde. De acuerdo con la Gobernación, permitirá ahorrar entre 70 y 100 metros cúbicos de agua diarios mediante la reutilización total de aguas lluvias para sanitarios.Además, tendrá una planta solar en cubierta de 1.160 kilovatios pico, con capacidad de generar cerca de 2 gigavatios hora al año, lo que equivale al consumo de entre 300 y 400 hogares y a una reducción significativa de emisiones de carbono.El escenario incorporará una tarima modular 360 grados, sistemas de sonido de alto nivel técnico, pantallas integrables e iluminación artística, lo que permitirá albergar conciertos internacionales, convenciones, actividades culturales y religiosas, así como competencias deportivas.La adecuación del nuevo centro de espectáculos demandará una inversión total de 118.965 millones de pesos, financiados en parte con recursos propios de la Gobernación de Santander.
El sepelio del subintendente Luis Sarmiento, asesinado en un atentado atribuido al ELN en Cúcuta, se realizará en el municipio de Lebrija, de donde era oriundo el uniformado.El ataque ocurrió en la noche del miércoles en el anillo vial oriental de Cúcuta, cerca del centro comercial Jardín Plaza Cúcuta, cuando una patrulla de la Policía fue interceptada y atacada a disparos por hombres armados, al parecer con armas de largo alcance.El subintendente Sarmiento conducía el vehículo oficial junto al mayor Álvaro Salcedo, comandante de la estación del barrio Ospina Pérez. Tras el atentado, ambos fueron trasladados de urgencia a la Clínica Medical Duarte, donde recibieron atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Sarmiento falleció debido a la gravedad de las heridas. El mayor Salcedo permanece bajo observación médica.Luego del ataque, la Policía activó un plan candado en distintos puntos de la ciudad y su área metropolitana, desplegando unidades adicionales e intensificando los controles en vías estratégicas para dar con los responsables.Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales del crimen. Asimismo, avanzan en la recolección de pruebas y en la revisión de cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo ocurrido.El atentado se produjo horas después de una reunión de seguridad encabezada por el Ministerio del Interior y otras autoridades, en el marco de las medidas preventivas para las elecciones legislativas y consultas programadas para el 8 de marzo.
Cinco estudiantes entre los 14 y 16 años resultaron intoxicadas tras consumir clonazepam al interior del Colegio San José de Guanentá, en el municipio de San Gil. Las menores permanecen bajo observación médica en el Hospital Regional de San Gil.El caso ocurrió el miércoles 18 de febrero y fue confirmado por la Subsecretaría de Salud municipal, luego de que el centro asistencial emitiera una alerta por el ingreso de varias adolescentes con cuadro de intoxicación por medicamentos.De acuerdo con el reporte oficial, el fármaco consumido fue clonazepam, un medicamento de uso psiquiátrico que solo puede ser comercializado con fórmula médica.A través de un comunicado fechado el 19 de febrero, la institución educativa informó que “cinco estudiantes consumieron pastillas de uso psiquiátrico dentro de la institución” y precisó que los medicamentos habrían sido suministrados por una persona ajena al plantel, quien los introdujo por debajo de una puerta lateral que no corresponde a los accesos oficiales.Según el rector, José Antonio Ballesteros Vásquez, tras el hecho una de las menores presentó desmayo, lo que activó de inmediato el protocolo de atención contemplado en el manual de convivencia.La institución indicó que se brindó atención inicial desde Enfermería y la Coordinación de Bienestar y Convivencia, se notificó a los padres y acudientes y se realizó la remisión inmediata al hospital para valoración médica especializada. Asimismo, se efectuó el reporte a las autoridades competentes para el inicio de las respectivas investigaciones.El colegio señaló que el caso se está abordando desde un enfoque “formativo y preventivo”, al tiempo que anunció el refuerzo de medidas de seguridad institucional y el fortalecimiento de acciones de promoción del autocuidado y prevención del consumo de sustancias psicoactivas.Por tratarse de adolescentes, tras el ingreso al centro médico se activaron las rutas de atención correspondientes. El caso fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la Comisaría de Familia, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer cómo las estudiantes accedieron al medicamento.Desde la Subsecretaría de Salud de San Gil también se inició una investigación epidemiológica de campo, que incluye la revisión de historias clínicas para determinar si alguna de las menores presentaba antecedentes emocionales o crisis previas que pudieran estar relacionadas con el consumo del fármaco.
Tres personas con discapacidad visual del área metropolitana de Bucaramanga denunciaron haber sido designadas como jurados de votación por la Registraduría Nacional del Estado Civil, situación que generó reacciones en redes sociales.Uno de los casos más visibles fue el de Juan David Pérez Quintero, integrante de la Selección Colombia de Fútbol para Ciegos, quien dio a conocer la situación a través de un video publicado en sus redes sociales. Con un tono jocoso, pero cuestionando la asignación, expresó:“Oiga imagínense que a Walter lo llamaron de jurado de votación, ¿cómo la ven? ¿Ahora quieren que los ciegos miren que no se roben los votos?; pues imagínense que nos llegó la notificación de que debemos ser jurados de votación (…)”.La publicación rápidamente generó comentarios de apoyo y cuestionamientos sobre los filtros utilizados para la designación de los jurados.Tras conocerse el caso, la Delegación Departamental de Santander de la Registraduría Nacional del Estado Civil emitió un comunicado en el que explicó que, al momento del sorteo y designación en la Registraduría Municipal de Piedecuesta, no se tenía conocimiento de la condición del ciudadano Juan David Pérez Quintero, quien fue postulado por la Alcaldía Municipal como apto para ser nombrado jurado de votación.“Una vez el ciudadano informa su situación, se procedió a exonerarlo de su función como jurado de votación y se le comunicó de forma inmediata”, señala el documento firmado por Ricardo Yezid Montoya Infante y Daniel David Barrios Mogollón, delegados departamentales del Registrador Nacional en Santander.Las otras dos personas ciegas que también denunciaron la designación como jurados de votación para la jornada electoral del 8 de marzo también fueron desvinculados por la Registraduría.
La Universidad Industrial de Santander celebra un hito histórico al ser reconocida con el premio Edificio del Año 2026 otorgado por ArchDaily en la categoría Educación, uno de los galardones más importantes de la arquitectura a nivel mundial.El reconocimiento destaca la calidad, innovación y proyección internacional de la infraestructura universitaria, consolidando a la UIS como referente en diseño arquitectónico al servicio de la formación académica y la transformación social.Desde la institución resaltaron que este logro es el resultado del trabajo colectivo. "Respira este momento. Siéntelo. Este triunfo también es tuyo. Cada voto, cada mensaje y cada gesto de apoyo construyó esta victoria”, señalaron directivas universitarias al agradecer a estudiantes, docentes, egresados y ciudadanía en general.El premio no solo exalta una obra física, sino una visión de futuro donde la infraestructura se convierte en motor de conocimiento, inclusión y desarrollo regional. "Con este reconocimiento internacional, la Universidad Industrial de Santander demuestra que la arquitectura colombiana puede inspirar al mundo cuando se construye con identidad, propósito y participación", manifestó el rector Hernán Porras.
Tropas del Ejército Nacional de Colombia evitaron la comercialización de más de un millón de dosis de cocaína en los Estados Unidos, tras ubicar y destruir un complejo cocalero en zona rural de Sabana de Torres, Santander.La operación se desarrolló en el marco del Plan de Campaña Operacional Ayacucho Plus 2023-2026, bajo el concepto de acción unificada, y fue liderada por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), en coordinación con la Policía Nacional.El laboratorio fue hallado en la vereda Bella Vista y, según información oficial, haría parte de las finanzas ilícitas del grupo armado organizado Clan del Golfo, específicamente de la subestructura Édgar Madrid Benjumea.De acuerdo con el reporte militar, el complejo estaba conformado por cuatro estructuras con capacidad para producir hasta dos toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína. En el lugar fueron encontrados 1.026 kilogramos de esta sustancia, avaluados en aproximadamente 151.000 millones de pesos.La infraestructura destruida tendría un valor cercano a los 700 millones de pesos. Las autoridades indicaron que, gracias a labores de inteligencia militar, se estableció que esta organización estaría buscando expandir sus rutas de narcotráfico hacia países de Centroamérica y los Estados Unidos, utilizando corredores costeros y marítimos en el mar Caribe.
Quedó lista la obra de reconstrucción y reforzamiento del muro de contención que protege a Centroabastos, la zona industrial de Bucaramanga y unas 150 familias del barrio José Antonio Galán.El proyecto fue promovido desde Centroabastos y materializado por la CDMB (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga), con una inversión que osciló entre los 27.000 y 28.000 millones de pesos, incluyendo obra, interventoría y estudios previos.Carlos Eduardo Quiroga, gerente de Centroabastos, recordó que durante 20 años enfrentaron crisis recurrentes por las inundaciones generadas por la creciente del río.“Es una obra de reforzamiento de lo que se deterioró desde hace 20 años. Tuvimos una crisis con la inundación por la creciente del río de Oro 2005 y no queríamos volver a pasar lo mismo”, afirmó.Según explicó, la configuración de una curva en el sector generaba que el caudal impactara con fuerza hacia predios vecinos, especialmente hacia Almagrario, lo que provocó emergencias en el pasado.“Lo que hicimos fue generar la problemática, hacer amigos en todas partes y buscar que nos brindaran esta protección. La CDMB fue la que nos prestó atención y construyó la obra”, señaló el directivo.La intervención consistió en la reconstrucción del muro de gaviones en la margen derecha del río de Oro, con una extensión de 866 metros lineales. Durante más de un año trabajaron alrededor de 100 personas en la ejecución del proyecto.La obra incluyó un sistema estructural de avanzada, compuesto por gaviones y 95 anclajes activos que refuerzan el punto más crítico de la margen derecha del afluente. Además, se construyó una estructura especial de estabilización en la parte baja, diseñada para prevenir fenómenos de socavación y erosión lateral provocados por la fuerza del río.También se levantaron estructuras perpendiculares a la margen que permiten la acumulación de sedimentos, formando playas naturales que ayudan a controlar la erosión y disminuir el impacto del caudal sobre la infraestructura.Para Juan Carlos Reyes Nova, gerente de la CDMB, el proyecto trasciende la infraestructura física. “Más de dos millones de santandereanos se ven favorecidos de manera indirecta, de los cuales 1,2 millones hacen parte de la jurisdicción de la CDMB. Esto no es solo infraestructura, es protección de la fuente hídrica, seguridad alimentaria y resiliencia para las futuras generaciones”, recalcó.Con esta obra, se busca mitigar el riesgo de nuevas emergencias en uno de los sectores estratégicos para la economía regional, garantizando mayor estabilidad a la central de abastos y a las empresas asentadas en la zona industrial de Bucaramanga.
Dos mujeres fueron capturadas por su presunta participación en el homicidio de un hombre de 47 años, identificado como César Neira, en hechos ocurridos en el barrio Laureles de Bucaramanga.De acuerdo con el reporte entregado por el coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el homicidio se registró en horas de la tarde.Según la información preliminar, “los hechos estarían relacionados con un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 14 años, que habría ocurrido en la mañana del mismo día. Sin embargo, este señalamiento no fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes en el momento en que, al parecer, se presentó”.El oficial indicó que, tras conocerse el supuesto caso, algunas personas habrían decidido tomar justicia por mano propia, lo que derivó en el asesinato de César Neira.Como resultado de la reacción policial, dos mujeres fueron capturadas señaladas de ser presuntas responsables del homicidio y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.Entre tanto, la menor de 14 años está siendo valorada por personal médico especializado y recibe atención integral para el restablecimiento de sus derechos, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que cualquier hecho relacionado con presuntos delitos, especialmente contra menores de edad.Este homicidio se suma a los cuatro homicidios ocurridos en las últimas 24 horas en Bucaramanga. De los hechos ocurridos hay cuatro capturados, la Policía Metropolitana de Bucaramanga busca a los responsables de los hechos violentos e investiga las causas de los asesinatos.