Desde las 7:00 de la mañana de este viernes 20 de febrero comenzó la huelga convocada por el sindicato Sintraelecol en la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA), filial del Grupo EPM, luego de no lograrse un acuerdo dentro del proceso de negociación colectiva.La decisión fue aprobada en Asamblea General el pasado 7 de febrero por las subdirectivas del sindicato en Bucaramanga, Barrancabermeja, Socorro, San Gil y Barbosa, tras agotarse 40 días de arreglo directo y dos jornadas de mediación realizadas el 11 y 16 de febrero en Bogotá con acompañamiento del Gobierno Nacional.El sindicato sostiene que la empresa rechazó todas las alternativas presentadas y que la organización buscaba introducir desmejoras laborales y afectar derechos adquiridos en la convención colectiva, por lo que califican la huelga como la “última alternativa” ante el cierre del diálogo.Carlos Roncancio, asesor legal de los Trabajadores de la Energía Eléctrica en Colombia, aseguró que, durante el cese, se respetarán los servicios mínimos esenciales.“El desarrollo de esta huelga garantiza los mínimos esenciales. La ciudadanía puede estar tranquila. Los trabajadores luchan por sus derechos y por un servicio de energía eficiente para los hogares”, afirmó.Además, hizo un llamado a las autoridades nacionales y regionales para que acompañen el proceso y actúen como garantes del derecho constitucional a la huelga.“Pedimos al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas, Procuraduría, Defensoría, Superintendencia de Servicios Públicos, autoridades municipales y departamentales que sean garantes del desarrollo de la huelga y que vigilen que no haya conductas que intenten sabotear el movimiento obrero”, agregó Roncancio.Uno de los argumentos centrales de Sintraelecol es que ESSA cuenta con solidez financiera suficiente para atender el pliego de peticiones. Según el sindicato, la empresa registra márgenes operativos superiores al 28 %, rentabilidad del patrimonio cercana al 26 % y calificación crediticia AAA(col), lo que demostraría, afirman, que las solicitudes no comprometen su sostenibilidad.Entre sus peticiones también está la formalización de más de 3.000 trabajadores tercerizados que desarrollan actividades misionales permanentes. Asimismo, pidieron al Ministerio del Trabajo seguimiento para evitar represalias contra quienes participan en el cese.Tras el inicio de la huelga, Blu Radio conoció una carta enviada por el gerente general de EPM y líder del Grupo EPM, John Maya Salazar, a los trabajadores del grupo empresarial.En la comunicación, el directivo afirma que el Grupo EPM ofrece “una de las mejores condiciones laborales del país”, con salarios por encima del promedio del mercado y beneficios en vivienda, educación, salud y bienestar. Señala que en ESSA la compensación estaría por encima del 120 % del mercado laboral colombiano.Frente a la negociación, la empresa indicó que propuso mejoras en beneficios como auxilio sindical por alimentación, seguro de vida y fondos de vivienda y educación, además de un incremento salarial correspondiente al IPC a noviembre de 2025 más tres puntos adicionales, con el fin, según la compañía, de garantizar la sostenibilidad financiera.En la carta también se advierte que el pliego sindical tendría un costo cercano a los $243.000 millones, de los cuales $98.000 millones corresponderían a nuevos beneficios y $132.000 millones a salarios, incluyendo una solicitud de incremento del 23 %. La empresa enfatiza que ninguno de sus trabajadores devenga salario mínimo.El Grupo EPM alertó además que la huelga podría afectar a 445 profesionales del sindicato Siproessa, quienes se verán obligados a suspender actividades y salarios durante el cese.Asimismo, recordó que ESSA atiende 102 municipios en seis departamentos, con más de 958.000 clientes, entre ellos hospitales, acueductos, instituciones educativas, hogares geriátricos, centros penitenciarios, aeropuertos y usuarios con condiciones médicas especiales, por lo que subraya la importancia estratégica del servicio eléctrico.
A 18 años de prisión fue condenado Juan Diego Arias Padilla por su participación en el homicidio de una docente de 27 años, ocurrido el 30 de abril de 2025 en el barrio Chicó de Barrancabermeja, Santander.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el joven, quien tenía 19 años al momento de los hechos, admitió su responsabilidad en el crimen mediante la suscripción de un preacuerdo con el ente acusador. El acuerdo fue presentado ante un juez de la República, quien lo avaló y fijó la pena en 18 años de prisión.Las investigaciones establecieron que la víctima fue atacada por Arias Padilla, quien conducía una motocicleta desde la cual otro hombre disparó en repetidas ocasiones contra la educadora. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron del lugar.La captura del hoy condenado se produjo el 3 de diciembre de 2025, luego de varios meses de labores investigativas. Durante el proceso judicial, la Fiscalía demostró su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.El caso generó conmoción en Barrancabermeja, especialmente en el sector educativo, donde la víctima era reconocida por su labor profesional.
La Secretaría de Salud de Santander encendió las alertas ante el alto número de quejas relacionadas con la no entrega o la demora en la dispensación de medicamentos en el departamento. Según el secretario de Salud departamental, Edwin Prada, el 70% de las reclamaciones actuales en el sector corresponden a esta problemática.De acuerdo con el funcionario, en lo corrido de 2026 se han registrado cerca de 1.800 quejas, en su mayoría por fallas en la entrega oportuna de tratamientos, situación que afecta especialmente a pacientes con enfermedades huérfanas, patologías de alto costo y cáncer.“Yo creo que el 70% de las quejas que hay en este momento del sector salud está por la no dispensación a tiempo de medicamentos. Preocupan obviamente los de enfermedades huérfanas, los medicamentos de pacientes con enfermedades de alto costo y de patologías de cáncer”, afirmó Prada.Ante la situación, la Superintendencia Nacional de Salud realizó recientemente una mesa de trabajo en Santander, con la participación de todas las EPS que operan en el departamento. El encuentro tuvo como objetivo principal abordar la problemática en la dispensación de medicamentos.El secretario recordó que el panorama es complejo, teniendo en cuenta que cerca del 80% de la población santandereana está afiliada a EPS que actualmente se encuentran intervenidas. De ese porcentaje, aproximadamente el 50% corresponde a usuarios de Nueva EPS, mientras que cerca de un 30% está afiliado a Sanitas y Coosalud, también bajo intervención. A esto se suma Famisanar, que igualmente atraviesa un proceso similar.“Aquí el llamado es a ponernos los guantes desde la Secretaría de Salud a luchar por los deberes y los derechos que tienen los pacientes en el suministro de medicamentos. No estamos para discutir ni para pelear, sino para garantizar ese derecho”, señaló.Prada destacó que, pese a la crisis en la dispensación de medicamentos, Santander cuenta con una red hospitalaria sólida. En la vigencia 2025, ninguno de los hospitales públicos del departamento cerró con riesgo financiero, y la infraestructura de salud no solo atiende a población local, sino también a pacientes de Norte de Santander, Arauca, sur de Bolívar, sur del Cesar y parte de Boyacá, además de población migrante.Sin embargo, insistió en que la principal dificultad actual es la falta de entrega de algunas moléculas y medicamentos específicos, lo que ha motivado la intervención de la Superintendencia y el acompañamiento de asociaciones de usuarios y veedores.
Un incendio, al parecer provocado de manera intencional, devastó más de 13 hectáreas del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) San Silvestre, una zona de especial importancia ecológica por ser corredor biológico del jaguar americano, el mico cariblanco y el mico aullador.En las imágenes del lugar se observa un panorama desolador: extensas áreas reducidas a cenizas, troncos calcinados, suelo completamente ennegrecido y la vegetación arrasada por las llamas. Lo que antes era cobertura boscosa hoy luce como un terreno árido, marcado por el fuego y la destrucción.Leonardo Granados, secretario de Ambiente y Transición Energética, confirmó que el incendio habría sido generado por personas que pretendían apropiarse ilegalmente de los terrenos.Desde la Secretaría de Ambiente y Transición Energética se activó un operativo conjunto con la Policía Ambiental para desalojar a los presuntos invasores e iniciar un proceso de restauración ecológica, con el fin de mitigar el impacto sobre la fauna y la flora de la zona.“Nos encontramos en el DRMI San Silvestre ante un incendio generado por personas inescrupulosas, un desastre ecológico de más de 13 hectáreas, un daño a los recursos naturales. Con la Policía Ambiental vinimos a imponer orden y autoridad para proteger esta área de especial importancia ecológica y preservar el corredor del jaguar americano, el mico cariblanco y el mico aullador. No vamos a permitir invasiones que generen daños ambientales ni contaminación con aguas residuales, porque el DRMI San Silvestre es la esencia de la diversidad. Haremos respetar la ley”, afirmó el funcionario.La Alcaldía Distrital hizo un llamado a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) para que adelante los procesos sancionatorios correspondientes y los responsables de este delito ambiental enfrenten las consecuencias legales.El DRMI San Silvestre es considerado un ecosistema estratégico para la conectividad de especies y la conservación de la biodiversidad en el territorio, por lo que autoridades ambientales reiteraron que intensificarán los controles para evitar nuevas afectaciones.
El periodista Ignacio Gómez, miembro del comité de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), calificó como un caso de “censura” la orden judicial que obligó al medio CasaMacondo a retirar una investigación periodística de todas sus plataformas digitales. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Gómez afirmó que la decisión judicial constituye un precedente preocupante para el ejercicio del periodismo y el derecho a la libertad de expresión en Colombia.“En primer lugar, porque es una censura, porque es la despublicación de una publicación que ya se había hecho”, señaló Gómez al explicar por qué la orden judicial no puede considerarse una simple rectificación. Según el periodista, el problema central radica en que la decisión no se fundamenta en la falsedad del contenido, sino en una interpretación judicial que cuestiona la legitimidad de la publicación misma.Gómez enfatizó que el material periodístico no contenía información falsa ni engañosa. “No hay información falsa, engañosa o errada en la información que se pide borrar, sino que se hace para proteger supuestamente la falta a un pacto de confidencialidad inexistente entre el periodista y su fuente”, afirmó. Según explicó, el fallo judicial interpreta erróneamente la naturaleza de una entrevista periodística, especialmente cuando se trata de un ejercicio de contraste con una figura pública de alto nivel.El periodista también aclaró que este caso no corresponde a una situación en la que un medio haya cometido un error informativo. “Cuando una información es errada o equivocada, lo que hay es que reconocer el error y publicar la información correcta, pero sobre la base del reconocimiento del error”, explicó. Sin embargo, insistió en que esa no es la situación actual, pues los hechos relatados en la investigación corresponden a un proceso judicial real y documentado.Gómez detalló algunos de los elementos que, según él, refuerzan la relevancia pública del caso. “El magistrado tuvo un hijo, el magistrado negó la paternidad de ese hijo, el hijo lo demandó, las pruebas dentro del proceso reconocieron la filiación genética en un 99% del magistrado con su hijo”, afirmó. También señaló como relevante la desaparición del expediente antes de que el proceso concluyera formalmente.Desde su perspectiva, el fallo judicial presenta errores graves en su interpretación del ejercicio periodístico. “Hay varios que se podrían llamar yerros en la sentencia de la juez censora”, afirmó. Entre ellos, mencionó la confusión entre una fuente confidencial y una entrevista directa, así como la falta de reconocimiento del interés público en los hechos investigados. “La desaparición de expedientes, la negación de paternidad y otros hechos irregulares alrededor de este proceso […] son un asunto de interés público”, sostuvo.El periodista advirtió además sobre el contexto institucional en el que se produce la decisión, señalando que el caso involucra a un alto funcionario judicial. Esto, según Gómez, agrava el impacto del precedente, especialmente cuando la Corte Constitucional es la instancia encargada de proteger los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión.Finalmente, Gómez expresó preocupación por lo que considera un cierre anticipado de las posibilidades de revisión dentro del país. “Eso prácticamente es un prejuzgamiento que ya deja sin ninguna corte posible este caso en Colombia. Ya solamente puede responderlo una instancia internacional”, afirmó.El caso de CasaMacondo ha reavivado el debate sobre los límites entre la protección de los derechos individuales y la libertad de prensa, así como sobre el papel de la justicia frente a la publicación de información de interés público relacionada con altos funcionarios del Estado. Mientras el medio afectado anunció que solicitará la revisión del fallo, organizaciones y periodistas advierten que lo ocurrido podría marcar un precedente decisivo para el futuro del periodismo en Colombia.
La Contraloría de Medellín anunció un grupo de reacción inmediata para poner la lupa y practicar pruebas en presuntos casos de irregularidades como los computadores para niños, robo de energía, contratos en Sapiencia y el Inder, entre otros. Además avanzar en la resolución de 250 procesos represados.Los cambios de aires en la Contraloría Distrital de Medellín llegaron con decisiones rápidas que buscan agilizar la resolución de algunas denuncias que, incluso, están pendientes de resolver desde el 2022. La nueva contralora, Paula Ortega, aseguró en Blu Radio que recibió 250 procesos pendientes, un 70 % de ellos correspondientes al 2022, 2023 y 2024.Sin embargo, con el ánimo de responder rápidamente en casos como los relacionados con presunta corrupción durante la Alcaldía de Medellín de Daniel Quintero Calle es que se decidió por usar la figura de grupo de reacción inmediata con el fin de poder recaudar pruebas en situaciones de mayor complejidad.“Porque nos permite tener un grupo especializado que tenga facultades de policía judicial y articularse con otros entes que también tienen estas facultades y en un tiempo expedito practicar pruebas que servirán de insumo a otros procesos”, afirmó.La contralora destacó que algunos de los temas pendientes son, por ejemplo, la entrega de computadores, algunas multas y sanciones, la situación del vaso Altaír en el relleno sanitario La Pradera, algunos incentivos al deporte y demás asuntos que entran dentro del proceso de responsabilidad fiscalAdemás, Ortega manifestó que la Fiscalía General de la Nación también está avanzando en algunos procesos al tener algunas pruebas ya recaudadas que van a servir para avanzar en los procesos mientras el grupo de reacción inmediata realiza otras pruebas.“Asuntos que son generalmente de alto impacto por la cuantía de sus recursos, pero además asuntos que constituyen conductas punibles. Conductas punibles que generan un daño o presuntamente pueden generar un daño al estado”, agregó.Esta unidad la encabezará Iván Darío Zuluaga Pimienta, abogado -especialista en contratación pública, con lo que se espera que con el paso de los días la puesta en función del grupo de reacción inmediata permita que la Contraloría Distrital de Medellín sea más eficaz en la resolución de casos de presunta corrupción, al pasar de un tiempo estimado de 5 años para definir una situación a 1 o 2 años con el grupo especializado.
Cuatro perros robot integrarán la nueva División K9-X para custodiar los partidos del Mundial de Fútbol 2026 en el estado mexicano de Nuevo León. Miguel Zepeda, director del sistema de vigilancia urbana C4 municipal, explicó que cumplirán “tareas de prevención, disuasión y detección temprana de situaciones inusuales” mediante recorridos previos a cada encuentro.La inversión en estos robots tácticos asciende a cerca de 146.000 dólares, equivalentes a más de 600 millones de pesos colombianos. Están equipados con cámaras de video, visión nocturna, comandos de voz y sistemas de advertencia, además de materiales resistentes para operar en eventos masivos.IA genera choque con HollywoodLa semana tecnológica también estuvo marcada por la controversia que desató un video hiperrealista que muestra a Brad Pitt y Tom Cruise peleando, creado con Seedance 2.0, una nueva inteligencia artificial desarrollada por ByteDance, propietaria de TikTok.La Motion Picture Association (MPA), que representa a los principales estudios estadounidenses, denunció que este tipo de contenidos vulnera derechos de autor y habló de la creación de una “biblioteca pirateada”, recordando casos anteriores con personajes de Star Wars y Marvel.Zuckerberg y la edad en redes socialesEn una corte de Los Ángeles, Mark Zuckerberg defendió las prácticas de verificación de edad de Instagram durante un juicio por presunta adicción a las redes sociales. En la audiencia se presentó un documento que sugería que para 2018 unos 4 millones de usuarios de la plataforma eran menores de 13 años.El fundador de Meta sostuvo que algunos usuarios mienten sobre su edad. La demanda también involucra a Google, matriz de YouTube, señalada de diseñar productos que deliberadamente crean adicciones.Google impulsa IA creativa y lanza Pixel 10ADemis Hassabis, director ejecutivo de Google DeepMind, aseguró que en un plazo de cinco a ocho años podría alcanzarse una inteligencia artificial capaz de razonar de manera similar al ser humano. Propuso el “Test de Einstein” para evaluar si una máquina puede innovar científicamente más allá de imitar datos.En paralelo, Google presentó el Pixel 10A por 499 dólares, con procesador Tensor G4 y 8 GB de RAM. Además, su IA Gemini, a través de la herramienta Lyria 3, ya genera pistas musicales de 30 segundos para creadores de YouTube Shorts, en medio de críticas de artistas como Billie Eilish, Pearl Jam y Katy Perry sobre el uso de inteligencia artificial en la música.
El chance Sinuano Día continúa siendo uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en la región Caribe de Colombia. Su presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico lo ha consolidado como una alternativa confiable para miles de apostadores que diariamente revisan los resultados oficiales con la ilusión de ganar.Número ganador del Sinuano Día hoy, jueves 19 de febrero de 2026El número ganador del chance Sinuano Día de este jueves 19 de febrero de 2026 es el 3680-1¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.Número ganador: 3680Dos últimas cifras: 80Tres últimas cifras: 680La quinta: 1Últimos sorteos de Sinuano DíaSorteoFechaResultadoSinuano Día18 de febrero 20267265 - 5Sinuano Día17 de febrero 20268269 - 9Sinuano Día16 de febrero 20267897 - 6Sinuano Día15 de febrero 20264162 - 0Sinuano Día14 de febrero 20266608 - 3Sinuano Día13 de febrero 20262611 - 0Sinuano Día12 de febrero 20264684 - 1Sinuano Día11 de febrero 20263423 - 5Sinuano Día10 de febrero 20267330 - 0Sinuano Día9 de febrero 20266800 - 4Hora del sorteo del Sinuano DíaEl Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que permite a los participantes tener oportunidades constantes de ganar.Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., momento en el que los jugadores pueden comprobar si su número fue favorecido. La puntualidad en la publicación de resultados ha sido clave para fortalecer la credibilidad del sorteo.Modalidades de apuesta del Sinuano DíaEste chance ofrece diversas modalidades de juego, diseñadas para adaptarse a diferentes presupuestos y preferencias:4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.Esta variedad facilita la participación tanto de jugadores frecuentes como de quienes apuestan ocasionalmente.Cuánto cuesta jugar el Sinuano DíaEl valor de las apuestas es accesible y flexible, con montos que van desde $500 hasta $25.000 pesos colombianos. Esta característica permite que personas con diferentes presupuestos puedan participar.La facilidad de acceso ha sido un factor clave para mantener la vigencia del sorteo en la región Caribe y en otras zonas del país.Cómo reclamar un premio del Sinuano DíaPara cobrar un premio, los ganadores deben acudir a un punto autorizado y presentar los siguientes documentos:Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Dependiendo del monto del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.El Sinuano Día continúa siendo uno de los chances más confiables y consultados del Caribe colombiano. Sus procesos regulados, horarios definidos y facilidad de participación refuerzan la confianza de miles de personas que revisan diariamente los resultados con la expectativa de ganar.
El Caribeña Día sigue posicionándose como uno de los chances más tradicionales y consultados en Colombia. Operado por Apuestas La Caribeña, este sorteo ha ganado la confianza de miles de jugadores gracias a la transparencia de sus procesos, el cumplimiento puntual de sus horarios y la claridad en sus modalidades de apuesta.Número ganador del Caribeña Día hoy, jueves 19 de febrero de 2026El número ganador del chance Caribeña Día de este el jueves 19 de febrero de 2026 es el 5866-4. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.Número ganador: 5866Dos últimas cifras: 66Tres últimas cifras: 866La quinta: 4Últimos sorteos de Caribeña DíaSorteoFechaResultadoCaribeña Día18 febrero 20262489 - 3Caribeña Día17 febrero 20267301 - 3Caribeña Día16 febrero 20268443 - 6Caribeña Día14 febrero 20263020 - 7Caribeña Día13 febrero 20267301 - 6Caribeña Día12 febrero 20260683 - 4Caribeña Día11 febrero 20267922 - 6Caribeña Día10 febrero 20264242 - 6Caribeña Día9 febrero 20265828 - 9Caribeña Día8 febrero 20264103 - 3Hora del sorteo del Caribeña DíaEl Caribeña Día se juega en el siguiente horario habitual:Lunes a sábado: 4:00 p. m.Pocos minutos después del sorteo, los resultados oficiales son publicados, lo que permite a los jugadores revisar rápidamente sus números y conocer si obtuvieron algún premio. Esta puntualidad ha sido clave para fortalecer la credibilidad del sorteo.Modalidades de juego del Caribeña DíaEste chance ofrece diversas modalidades de apuesta que se adaptan a las preferencias y presupuestos de cada participante:4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.Cada modalidad ofrece diferentes niveles de premio según la precisión del acierto y el valor apostado.Cuánto cuesta apostar en Caribeña DíaUna de las principales ventajas de este sorteo es su accesibilidad económica. Los valores de apuesta son:Apuesta mínima: $500 pesos colombianosApuesta máxima: $10.000 pesos colombianosEste rango permite que tanto jugadores ocasionales como habituales participen sin necesidad de realizar grandes inversiones.Cómo reclamar un premio del Caribeña DíaPara cobrar un premio, los ganadores deben presentarse en un punto autorizado con los siguientes documentos:Tiquete original, sin daños ni alteraciones.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.El Caribeña Día se mantiene como una de las opciones preferidas por los jugadores en Colombia, gracias a sus reglas claras, múltiples modalidades y cumplimiento en los horarios. Su transparencia y facilidad de participación continúan atrayendo a miles de personas que consultan los resultados todos los días.
Con el acto simbólico de la primera palada de arena, la Gobernación de Santander oficializó el inicio de las obras del Centro de Espectáculos del Oriente Colombiano Arena Bonita, proyecto que transformará la tradicional Plaza de Toros Señor de los Milagros en un escenario moderno y multipropósito.La iniciativa busca convertir el antiguo coso taurino en un espacio competitivo para conciertos, espectáculos culturales, eventos deportivos y encuentros empresariales, con el propósito de dinamizar la economía regional y fortalecer el turismo de eventos en el departamento.Durante la presentación del proyecto, se señaló que la obra tendrá un impacto directo en sectores como el comercio, el transporte, la hotelería y la gastronomía, además de generar oportunidades para la economía rural.Según explicó la Gobernación de Santander, la llegada masiva de asistentes a espectáculos y actividades de gran formato impulsará el movimiento económico en distintas cadenas productivas del departamento.El proyecto contempla una adecuación integral del escenario, que tendrá una capacidad real para 18.000 personas.Las intervenciones incluyen el reforzamiento estructural bajo la norma sismo resistente NSR-10, instalación de cubierta y fachada en panel metálico de alta resistencia, renovación completa de redes hidráulicas, sanitarias y contra incendios, así como mejoras en la acústica y la tarima. También se instalarán nuevas sillas y se adecuarán espacios internos que permitirán diferentes configuraciones según el tipo de evento.El nuevo complejo contará con diseño bioclimático y un sistema central de aire acondicionado tipo agua fría, iluminación de emergencia, rutas de evacuación y un plan integral de seguridad humana para garantizar condiciones óptimas en eventos masivos.“Arena Bonita fue concebida como una arena verde. De acuerdo con la Gobernación, permitirá ahorrar entre 70 y 100 metros cúbicos de agua diarios mediante la reutilización total de aguas lluvias para sanitarios.Además, tendrá una planta solar en cubierta de 1.160 kilovatios pico, con capacidad de generar cerca de 2 gigavatios hora al año, lo que equivale al consumo de entre 300 y 400 hogares y a una reducción significativa de emisiones de carbono.El escenario incorporará una tarima modular 360 grados, sistemas de sonido de alto nivel técnico, pantallas integrables e iluminación artística, lo que permitirá albergar conciertos internacionales, convenciones, actividades culturales y religiosas, así como competencias deportivas.La adecuación del nuevo centro de espectáculos demandará una inversión total de 118.965 millones de pesos, financiados en parte con recursos propios de la Gobernación de Santander.
El sepelio del subintendente Luis Sarmiento, asesinado en un atentado atribuido al ELN en Cúcuta, se realizará en el municipio de Lebrija, de donde era oriundo el uniformado.El ataque ocurrió en la noche del miércoles en el anillo vial oriental de Cúcuta, cerca del centro comercial Jardín Plaza Cúcuta, cuando una patrulla de la Policía fue interceptada y atacada a disparos por hombres armados, al parecer con armas de largo alcance.El subintendente Sarmiento conducía el vehículo oficial junto al mayor Álvaro Salcedo, comandante de la estación del barrio Ospina Pérez. Tras el atentado, ambos fueron trasladados de urgencia a la Clínica Medical Duarte, donde recibieron atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Sarmiento falleció debido a la gravedad de las heridas. El mayor Salcedo permanece bajo observación médica.Luego del ataque, la Policía activó un plan candado en distintos puntos de la ciudad y su área metropolitana, desplegando unidades adicionales e intensificando los controles en vías estratégicas para dar con los responsables.Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales del crimen. Asimismo, avanzan en la recolección de pruebas y en la revisión de cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo ocurrido.El atentado se produjo horas después de una reunión de seguridad encabezada por el Ministerio del Interior y otras autoridades, en el marco de las medidas preventivas para las elecciones legislativas y consultas programadas para el 8 de marzo.
Cinco estudiantes entre los 14 y 16 años resultaron intoxicadas tras consumir clonazepam al interior del Colegio San José de Guanentá, en el municipio de San Gil. Las menores permanecen bajo observación médica en el Hospital Regional de San Gil.El caso ocurrió el miércoles 18 de febrero y fue confirmado por la Subsecretaría de Salud municipal, luego de que el centro asistencial emitiera una alerta por el ingreso de varias adolescentes con cuadro de intoxicación por medicamentos.De acuerdo con el reporte oficial, el fármaco consumido fue clonazepam, un medicamento de uso psiquiátrico que solo puede ser comercializado con fórmula médica.A través de un comunicado fechado el 19 de febrero, la institución educativa informó que “cinco estudiantes consumieron pastillas de uso psiquiátrico dentro de la institución” y precisó que los medicamentos habrían sido suministrados por una persona ajena al plantel, quien los introdujo por debajo de una puerta lateral que no corresponde a los accesos oficiales.Según el rector, José Antonio Ballesteros Vásquez, tras el hecho una de las menores presentó desmayo, lo que activó de inmediato el protocolo de atención contemplado en el manual de convivencia.La institución indicó que se brindó atención inicial desde Enfermería y la Coordinación de Bienestar y Convivencia, se notificó a los padres y acudientes y se realizó la remisión inmediata al hospital para valoración médica especializada. Asimismo, se efectuó el reporte a las autoridades competentes para el inicio de las respectivas investigaciones.El colegio señaló que el caso se está abordando desde un enfoque “formativo y preventivo”, al tiempo que anunció el refuerzo de medidas de seguridad institucional y el fortalecimiento de acciones de promoción del autocuidado y prevención del consumo de sustancias psicoactivas.Por tratarse de adolescentes, tras el ingreso al centro médico se activaron las rutas de atención correspondientes. El caso fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la Comisaría de Familia, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer cómo las estudiantes accedieron al medicamento.Desde la Subsecretaría de Salud de San Gil también se inició una investigación epidemiológica de campo, que incluye la revisión de historias clínicas para determinar si alguna de las menores presentaba antecedentes emocionales o crisis previas que pudieran estar relacionadas con el consumo del fármaco.
Tres personas con discapacidad visual del área metropolitana de Bucaramanga denunciaron haber sido designadas como jurados de votación por la Registraduría Nacional del Estado Civil, situación que generó reacciones en redes sociales.Uno de los casos más visibles fue el de Juan David Pérez Quintero, integrante de la Selección Colombia de Fútbol para Ciegos, quien dio a conocer la situación a través de un video publicado en sus redes sociales. Con un tono jocoso, pero cuestionando la asignación, expresó:“Oiga imagínense que a Walter lo llamaron de jurado de votación, ¿cómo la ven? ¿Ahora quieren que los ciegos miren que no se roben los votos?; pues imagínense que nos llegó la notificación de que debemos ser jurados de votación (…)”.La publicación rápidamente generó comentarios de apoyo y cuestionamientos sobre los filtros utilizados para la designación de los jurados.Tras conocerse el caso, la Delegación Departamental de Santander de la Registraduría Nacional del Estado Civil emitió un comunicado en el que explicó que, al momento del sorteo y designación en la Registraduría Municipal de Piedecuesta, no se tenía conocimiento de la condición del ciudadano Juan David Pérez Quintero, quien fue postulado por la Alcaldía Municipal como apto para ser nombrado jurado de votación.“Una vez el ciudadano informa su situación, se procedió a exonerarlo de su función como jurado de votación y se le comunicó de forma inmediata”, señala el documento firmado por Ricardo Yezid Montoya Infante y Daniel David Barrios Mogollón, delegados departamentales del Registrador Nacional en Santander.Las otras dos personas ciegas que también denunciaron la designación como jurados de votación para la jornada electoral del 8 de marzo también fueron desvinculados por la Registraduría.
La Universidad Industrial de Santander celebra un hito histórico al ser reconocida con el premio Edificio del Año 2026 otorgado por ArchDaily en la categoría Educación, uno de los galardones más importantes de la arquitectura a nivel mundial.El reconocimiento destaca la calidad, innovación y proyección internacional de la infraestructura universitaria, consolidando a la UIS como referente en diseño arquitectónico al servicio de la formación académica y la transformación social.Desde la institución resaltaron que este logro es el resultado del trabajo colectivo. "Respira este momento. Siéntelo. Este triunfo también es tuyo. Cada voto, cada mensaje y cada gesto de apoyo construyó esta victoria”, señalaron directivas universitarias al agradecer a estudiantes, docentes, egresados y ciudadanía en general.El premio no solo exalta una obra física, sino una visión de futuro donde la infraestructura se convierte en motor de conocimiento, inclusión y desarrollo regional. "Con este reconocimiento internacional, la Universidad Industrial de Santander demuestra que la arquitectura colombiana puede inspirar al mundo cuando se construye con identidad, propósito y participación", manifestó el rector Hernán Porras.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga anunció la puesta en marcha del Escuadrón Antipólvora, una estrategia creada ante el preocupante aumento de lesionados con pólvora durante el fin de semana. Según el más reciente balance, ya son 10 los casos reportados en Santander en lo que va de la temporada decembrina.El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, subcomandante de la Policía Metropolitana, explicó que esta medida hace parte del plan institucional “Una Navidad con Propósito”, que busca proteger la vida, la integridad y la seguridad de las familias durante las celebraciones de fin de año.“La Policía Metropolitana, fundamentada en la seguridad, la dignidad y la democracia, generó ocho acciones preventivas dentro de las cuales está ‘Cero pólvora, más vida’. En este marco se crea el Escuadrón Antipólvora, con funciones específicas de control, disuasión y prevención, para contrarrestar este flagelo que ha afectado a menores y adultos que han resultado lesionados. Enfatizamos a la comunidad en no manipular pólvora; la seguridad de las familias es la prioridad”, afirmó el coronel Pinzón.El Escuadrón Antipólvora está conformado por personal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, apoyado por unidades de Infancia y Adolescencia, Turismo, Protección a Personas e Instalaciones, y Unidad Básica de Investigación Criminal (DIPRO).Estas capacidades trabajan articuladamente con los cuadrantes de Policía, además de equipos de inteligencia y policía judicial, lo que permite reforzar los controles sobre el uso, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de productos pirotécnicos.Las acciones se desarrollan bajo el cumplimiento de la normativa nacional y los decretos municipales vigentes que prohiben el uso de la Pólvora así como lo emitieron Bucaramanga Decreto 0853 del 26/11/2025, Girón Decreto 0094 del 12/06/2025, Lebrija Decreto 100-02 del 01/11/2025, Los Santos Decreto 101 del 03/12/2025.Además, se aplica la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), artículo 30, numeral 1, que sanciona comportamientos contrarios a la convivencia relacionados con la fabricación, porte, almacenamiento, transporte o uso de pólvora sin cumplir los requisitos legales.La Policía recalcó que el objetivo principal del Escuadrón Antipólvora es evitar la manipulación indebida de pirotecnia, especialmente entre niños, niñas y adolescentes, quienes continúan siendo la población más afectada por quemaduras graves durante esta temporada.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó que inició una investigación disciplinaria que podría terminar en la destitución del subintendente Richard José Sierra Bravo, señalado de haber sido cómplice en el violento atraco ocurrido en el centro comercial Cabecera Cuarta Etapa. En las diligencias judiciales también se reveló que otros tres policías estarían vinculados al hecho.El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, subcomandante de la Policía Metropolitana, indicó que la institución no tolerará conductas delictivas dentro de sus filas: “Él cometió una falta, un delito, y hay que iniciar la investigación disciplinaria. Estamos en un proceso de destituirlo”, afirmó.Durante el fin de semana se llevó a cabo ante un juez la legalización de la captura del subintendente Sierra Bravo. Por ahora, no se le han imputado cargos y la audiencia continuará en los próximos días, según lo programado por la Fiscalía.El uniformado, adscrito a la Fuerza Disponible, habría tenido un rol clave en la planificación del robo. De acuerdo con el expediente, habría entregado información estratégica sobre la ubicación de la joyería, el esquema de seguridad y los horarios de menor afluencia.Un testigo clave aseguró que los implicados se reunieron previamente en un restaurante de la carrera 35 para coordinar cada detalle del asalto, lo que demuestra que se trató de un atraco premeditado y no de una acción improvisada.La institución confirmó que continúa la verificación interna sobre la presunta participación de otros tres uniformados.
La candidata al Senado por el Centro Democrático Estefanía Colmenares, expresó profunda preocupación por el deterioro del orden público en Cúcuta. En entrevista con Mañanas Blu 10 AM, afirmó que “lo que viene pasando en Cúcuta es delicado” y que los hechos recientes confirman una tendencia que se ha agudizado durante todo el año.Colmenares señaló que los incidentes registrados durante el fin de semana “se suman a otros también muy delicados”, los cuales, según autoridades, serían responsabilidad del ELN. Aseguró que esta guerrilla “se ha fortalecido con el proceso de paz total” y que ha retomado su estrategia con dos frentes activos en la región.Explicó que uno de esos frentes opera en el Catatumbo y ha provocado casi 60.000 desplazamientos en lo corrido del año. El otro, dijo, tendría como objetivo afianzarse en Cúcuta para demostrar “capacidad urbana” y aumentar su presencia en zonas estratégicas de la frontera.La aspirante añadió que esta demostración de fuerza tendría una lectura geopolítica. Según dijo, “para el ELN, que opera como una guerrilla binacional, es importante demostrar que tienen esa capacidad urbana pensando, tal vez, en una eventual incursión de EE. UU. en Venezuela”.Colmenares recordó que Norte de Santander enfrenta un contexto singular, marcado por la cercanía con el Catatumbo y la frontera con Venezuela. Indicó que estas condiciones, donde confluyen droga, minería ilegal y contrabando, han hecho que Cúcuta sea “epicentro de una cantidad de cosas ilícitas”.Según la dirigente, esta mezcla de factores ha agravado las dinámicas violentas y exige un fortalecimiento urgente de la presencia institucional en la región. Pidió mayor acción del Estado para evitar que la situación escale aún más.
La Navidad llegó oficialmente a Floridablanca. Con el tradicional encendido del alumbrado navideño, el municipio se transformó en una gran ruta de luz: figuras gigantes, diseños tradicionales, caminos brillantes y miles de luces que iluminan cada rincón, desde los parques más concurridos hasta los espacios que guardan la esencia del pueblo.Desde el primer destello, la ciudad se llenó de familias completas dispuestas a recorrer los escenarios que este año estrenaron una iluminación renovada, pensada para las fotos, los paseos nocturnos y los momentos que se quieren guardar para siempre.“Invitamos a los florideños para que, en familia, entre vecinos y amigos, recorran los parques que ya están iluminados. Están decorados con miles de luces y muchas figuras para disfrutar esta temporada tan bonita”, expresó el alcalde José Fernando Sánchez durante la apertura.El recorrido inició en el Parque Principal, convertido en un escenario donde la iglesia resplandece aún más con figuras nuevas, colores cálidos y caminos brillantes que invitan a caminar despacio.“Hemos visitado varios sitios y hoy acá en el parque principal nos ha gustado mucho. Las figuras son nuevas, la iglesia está muy iluminada. Es un espacio bonito, seguro y perfecto para venir en familia”, contó Yeison Santamaría, residente del municipio.Este año, Floridablanca encendió cerca de ocho parques y sectores emblemáticos que ya hacen parte del mapa navideño del área metropolitana. Entre ellos: el parque Principal, las llaves, la pera, el Reposo, el palacio municipal, Alameda Bucarica, Iglesia La Cumbre, la autopista Papi Quiero Piña y el puente de Provenza.El alumbrado se caracteriza por figuras artesanales en 2D y 3D, diseños temáticos y tradicionales, miles de metros de manguera LED y espacios seguros ideales para sentarse, hablar, caminar, tomarse fotos y sentir el ambiente decembrino.
Tropas del Ejército Nacional de Colombia evitaron la comercialización de más de un millón de dosis de cocaína en los Estados Unidos, tras ubicar y destruir un complejo cocalero en zona rural de Sabana de Torres, Santander.La operación se desarrolló en el marco del Plan de Campaña Operacional Ayacucho Plus 2023-2026, bajo el concepto de acción unificada, y fue liderada por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), en coordinación con la Policía Nacional.El laboratorio fue hallado en la vereda Bella Vista y, según información oficial, haría parte de las finanzas ilícitas del grupo armado organizado Clan del Golfo, específicamente de la subestructura Édgar Madrid Benjumea.De acuerdo con el reporte militar, el complejo estaba conformado por cuatro estructuras con capacidad para producir hasta dos toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína. En el lugar fueron encontrados 1.026 kilogramos de esta sustancia, avaluados en aproximadamente 151.000 millones de pesos.La infraestructura destruida tendría un valor cercano a los 700 millones de pesos. Las autoridades indicaron que, gracias a labores de inteligencia militar, se estableció que esta organización estaría buscando expandir sus rutas de narcotráfico hacia países de Centroamérica y los Estados Unidos, utilizando corredores costeros y marítimos en el mar Caribe.
Quedó lista la obra de reconstrucción y reforzamiento del muro de contención que protege a Centroabastos, la zona industrial de Bucaramanga y unas 150 familias del barrio José Antonio Galán.El proyecto fue promovido desde Centroabastos y materializado por la CDMB (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga), con una inversión que osciló entre los 27.000 y 28.000 millones de pesos, incluyendo obra, interventoría y estudios previos.Carlos Eduardo Quiroga, gerente de Centroabastos, recordó que durante 20 años enfrentaron crisis recurrentes por las inundaciones generadas por la creciente del río.“Es una obra de reforzamiento de lo que se deterioró desde hace 20 años. Tuvimos una crisis con la inundación por la creciente del río de Oro 2005 y no queríamos volver a pasar lo mismo”, afirmó.Según explicó, la configuración de una curva en el sector generaba que el caudal impactara con fuerza hacia predios vecinos, especialmente hacia Almagrario, lo que provocó emergencias en el pasado.“Lo que hicimos fue generar la problemática, hacer amigos en todas partes y buscar que nos brindaran esta protección. La CDMB fue la que nos prestó atención y construyó la obra”, señaló el directivo.La intervención consistió en la reconstrucción del muro de gaviones en la margen derecha del río de Oro, con una extensión de 866 metros lineales. Durante más de un año trabajaron alrededor de 100 personas en la ejecución del proyecto.La obra incluyó un sistema estructural de avanzada, compuesto por gaviones y 95 anclajes activos que refuerzan el punto más crítico de la margen derecha del afluente. Además, se construyó una estructura especial de estabilización en la parte baja, diseñada para prevenir fenómenos de socavación y erosión lateral provocados por la fuerza del río.También se levantaron estructuras perpendiculares a la margen que permiten la acumulación de sedimentos, formando playas naturales que ayudan a controlar la erosión y disminuir el impacto del caudal sobre la infraestructura.Para Juan Carlos Reyes Nova, gerente de la CDMB, el proyecto trasciende la infraestructura física. “Más de dos millones de santandereanos se ven favorecidos de manera indirecta, de los cuales 1,2 millones hacen parte de la jurisdicción de la CDMB. Esto no es solo infraestructura, es protección de la fuente hídrica, seguridad alimentaria y resiliencia para las futuras generaciones”, recalcó.Con esta obra, se busca mitigar el riesgo de nuevas emergencias en uno de los sectores estratégicos para la economía regional, garantizando mayor estabilidad a la central de abastos y a las empresas asentadas en la zona industrial de Bucaramanga.
Dos mujeres fueron capturadas por su presunta participación en el homicidio de un hombre de 47 años, identificado como César Neira, en hechos ocurridos en el barrio Laureles de Bucaramanga.De acuerdo con el reporte entregado por el coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el homicidio se registró en horas de la tarde.Según la información preliminar, “los hechos estarían relacionados con un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 14 años, que habría ocurrido en la mañana del mismo día. Sin embargo, este señalamiento no fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes en el momento en que, al parecer, se presentó”.El oficial indicó que, tras conocerse el supuesto caso, algunas personas habrían decidido tomar justicia por mano propia, lo que derivó en el asesinato de César Neira.Como resultado de la reacción policial, dos mujeres fueron capturadas señaladas de ser presuntas responsables del homicidio y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.Entre tanto, la menor de 14 años está siendo valorada por personal médico especializado y recibe atención integral para el restablecimiento de sus derechos, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que cualquier hecho relacionado con presuntos delitos, especialmente contra menores de edad.Este homicidio se suma a los cuatro homicidios ocurridos en las últimas 24 horas en Bucaramanga. De los hechos ocurridos hay cuatro capturados, la Policía Metropolitana de Bucaramanga busca a los responsables de los hechos violentos e investiga las causas de los asesinatos.
Cinco estudiantes, entre los 14 y 16 años, resultaron intoxicadas tras consumir clonazepam al interior del Colegio San José de Guanentá, en el municipio de San Gil. Las menores permanecen hospitalizadas bajo observación médica en el Hospital Regional de San Gil.El caso fue confirmado por el subsecretario de Salud de San Gil, Víctor Chaparro, quien explicó que la alerta se recibió en horas de la tarde de este miércoles 18 de brero por parte del centro asistencial.“Desafortunadamente el día de ayer (18 de febrero) en horas de la tarde fuimos notificados por una alerta por parte del Hospital Regional de San Gil por unos estudiantes que ingresaron con un cuadro de intoxicación. Se identificaron cinco estudiantes entre las edades de 14 y 16 años que ingresaron al servicio de urgencias por intoxicación por medicamentos”, indicó el funcionario.Según el reporte oficial, el medicamento consumido fue clonazepam, un fármaco de uso psiquiátrico que solo puede ser vendido con fórmula médica.Tras el ingreso de las menores, se activaron de inmediato las rutas correspondientes por tratarse de adolescentes. El caso fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de la Comisaría de Familia, mientras avanzan las investigaciones para establecer cómo las estudiantes accedieron al medicamento.Desde la Subsecretaría de Salud también iniciaron la investigación epidemiológica de campo, revisando las historias clínicas para determinar si alguna de las menores presentaba antecedentes emocionales o crisis previas que pudieran estar relacionadas con el consumo del fármaco.El padre de una de las niñas afectadas expresó su preocupación por lo ocurrido y pidió mayores controles dentro de la institución educativa.“Lo que yo pido es más seguridad en el colegio. En el colegio no hay ninguna clase de seguridad. Le facilitan la entrada al mismo colegio a personas haciéndose pasar por familiares”, afirmó.El hombre relató que su hija presenta alteraciones en su comportamiento tras la intoxicación. “Está como sonámbula, llora, grita, da golpes, se pone agresiva. La van a llevar para atención en salud mental”, agregó.El subsecretario de Salud hizo un llamado a las instituciones educativas para que estén atentas a cambios en el comportamiento de los estudiantes, teniendo en cuenta que pasan gran parte del tiempo en los planteles.También pidió a los padres de familia mantener una vigilancia activa y acudir de inmediato a los servicios de salud ante cualquier señal de alarma.De igual manera, solicitó a las droguerías del municipio abstenerse de vender clonazepam sin la respectiva fórmula médica. “Es un medicamento de uso exclusivo psiquiátrico y no puede ser vendido sin prescripción. Ya tenemos las primeras consecuencias de que factores externos fueron quienes suministraron este medicamento a las estudiantes”, advirtió.Las autoridades aclararon que, hasta el momento, solo hay cinco casos confirmados relacionados con esta intoxicación. Además, continúan las investigaciones para determinar el modo en que el medicamento llegó a manos de las menores y evitar que situaciones similares se repitan.
La operación se realizó en el casco urbano del municipio de Los Patios, Norte de Santander, en el marco del Plan Ayacucho Plus. En el procedimiento participaron soldados del Batallón de Infantería N.° 13 General Custodio García Rovira, orgánico de la Trigésima Brigada, y del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 4, en coordinación con la SIJIN de la Dirección de Antinarcóticos y los Comandos Jungla de la Policía Nacional.Según las investigaciones, alias “Gustavo” sería el líder de una organización criminal de alcance internacional dedicada al envío de grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína desde Colombia hacia el noreste de Uruguay mediante aeronaves clandestinas. Posteriormente, la droga era transportada por vía marítima hacia países europeos, principalmente España y Países Bajos.Las autoridades indicaron que el capturado utilizaba sofisticados métodos logísticos para el ocultamiento y transporte de estupefacientes, incluyendo el camuflaje en cargamentos de frutas destinadas a la exportación. Su trayectoria criminal registra antecedentes de captura en 2007 en territorio uruguayo con cerca de 496 kilogramos de cocaína, así como procesos judiciales en Europa que derivaron en su extradición y condena por narcotráfico y lavado de activos.En Bucaramanga fueron capturadas otras dos personas por el delito de narcotráfico y lavado de activos, confirmaron las autoridades de Colombia.
La tragedia aérea del 28 de enero de 2025 no solo le arrebató la vida al congresista Diógenes Quintero y a otras 15 personas en las montañas de Norte de Santander, sino que también dejó un vacío en la investigación que hoy sigue sin resolverse.La esposa de Diógenes, Diana Riveros habló en Relatos al Límite y aseguró que, más allá del dolor por su muerte, enfrenta una angustia adicional por el paradero desconocido de pertenencias que, para ella, tienen un valor incalculable.El vuelo operado por Satena había despegado desde Cúcuta con destino a Ocaña, en un trayecto habitual que duraba apenas 17 minutos. Sin embargo, la aeronave terminó estrellándose en zona rural del municipio de La Playa de Belén, causando la muerte de todos sus ocupantes. En medio de la recuperación de los cuerpos y las investigaciones posteriores, varias pertenencias del congresista no aparecieron. El bolso, el celular y la libreta: objetos que nunca regresaronRiveros relata que su esposo viajaba siempre con un bolso negro personalizado con sus iniciales. Allí guardaba elementos esenciales de su trabajo: su celular, una libreta donde escribía a mano sus ideas, una iPad y documentos personales. Ninguno de estos objetos fue recuperado.“Ese bolso no aparece. Era un bolso negro, personalizado, que no tiene pierde. Tenía su libreta, su iPad, sus cosas personales. Para mí eso tiene un valor demasiado alto”, explicó Riveros, quien desde entonces ha pedido ayuda a la comunidad para ubicar esos elementos.La desaparición del celular es otro de los misterios. Según la familia, el dispositivo continuó recibiendo llamadas y mensajes horas después del accidente, lo que generó confusión sobre su estado. Sin embargo, hasta hoy no ha sido entregado ni reportado oficialmente entre los objetos recuperados.Lo poco que quedóAlgunas pertenencias sí lograron ser rescatadas por quienes llegaron primero al lugar del accidente. Entre ellas, una cadena, manillas y su billetera con documentos personales, que permitieron confirmar su identidad. También fue reconocido por un tatuaje en su cuerpo, el cual, según su esposa, permanecía intacto.Otros elementos, como su reloj, nunca fueron encontrados. “Él se compró uno igual al que me regaló días antes. Ese reloj no aparece. Yo creo que salió expulsado en el impacto”, contó.Incluso los zapatos que llevaba ese día fueron vistos en imágenes posteriores al accidente, pero tampoco han sido entregados a la familia.Para Riveros, recuperar estos objetos representa mucho más que una cuestión material. Son, dice, fragmentos de memoria que le permitirían conservar una conexión tangible con su esposo.“Cada cosa que pertenecía a él tiene un valor demasiado grande para mí. Es lo último que tuvo, lo último que usó”, afirmó.La viuda también ha cuestionado los protocolos de recuperación y custodia de pertenencias tras el accidente, y pide claridad sobre el destino de estos elementos, así como avances en la investigación sobre las causas del siniestro.Mientras las autoridades continúan las indagaciones, la incertidumbre persiste. Para la familia de Quintero, el duelo no solo está marcado por la pérdida de un ser querido, sino por la ausencia de objetos que, en medio del dolor, se han convertido en símbolos de despedida que aún no han podido recuperar.