Por el desvío de recursos, la Fiscalía dictó 21 órdenes de captura contra funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF. Estas personas deberán responder por los delitos de peculado, interés indebido en celebración de contratos y malversación de recursos. Además, el ente investigador tiene en la mira a 10 departamentos por casos de corrupción que involucrarían recursos que alcanzan los $140 mil millones.
En el primer caso, en el departamento de La Guajira, se indaga por un contrato que el ICBF suscribió con la fundación Un Mejor Vivir para la atención de 5 mil menores, pues estos no habrían suscrito los requisitos legales y podrían ser acusados por los delitos de peculado y delito por falsedad.
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“Se pagaba un valor inferior al acordado por el ICBF con el contratista y la alimentación suministrada era de mala calidad”, indicó Eduardo Montealegre, fiscal general.
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En otro contrato, esta vez en el municipio de Albania, la Fiscalía encontró que en el 2011, antes de entrar en rigor la ley de garantías, en ese municipio en un lapso de 6 meses se gastó cerca de $18 mil millones para programas contra la mortalidad infantil, pero los supuestos ejecutores no cumplían con los requisitos, pues eran “mecánicos, auxiliares contables, técnicos en sistemas, amas de casa”, reveló Montealegre.
Según el fiscal anualmente se invierten cerca de $3,5 billones en el presupuesto de atención integral a menores, por eso de comprobarse que los casos de corrupción están relacionados con la muerte de niños por desnutrición se les investigaría por el delito de homicidio culposo.
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