Sin embargo, el alto tribunal negó la suspensión provisional tras considerar que una solicitud para corregir el sexo del estado civil es únicamente un trámite que no afecta ningún derecho.
En la demanda, la Procuraduría argumentaba que debían animarse el decreto por lo que el Ministerio de Justicia y el del Interior, se habrían extralimitado en sus funciones eliminando las pruebas medico científicas que debían realizarse a aquellos que busquen un cambio de sexo en la cédula de ciudadanía.
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