Un juez, un fiscal y un abogado fueron enviados a la cárcel por la supuesta conformación de una red criminal que cobraba por fallos.
De acuerdo con la Fiscalía, cada uno de los capturados cumplía con un rol. El abogado Carlos Ropero conseguía clientes, cobraba y repartía el dinero; el fiscal Yesid Payares buscaba decisiones a favor de los clientes de la red y, finalmente, el juez Roberto Orozco las fallaba.
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"Esta empresa criminal a través de la investigación se permitió conocer que estás personas, al parecer, delinquían desde 2017 estarían involucrados en cinco eventos. El primero de ellos, el abogado Ropero habría exigido $15 millones a un ciudadano para evitar que su hermano detenido en flagrancia por porte ilegal de armas fuera enviado a la cárcel", declaró el director del CTI, Alberto Acevedo.
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Otro caso que destacó la Fiscalía, es el del juez Orozco quien presuntamente asesoró a un hombre por el litigio de un terreno, pero todo esto se habría dado tras un acuerdo económico. Después de que el predio apareciera a favor del cliente, supuestamente se cobraron $5 millones que fueron distribuidos entre la red de corrupción.
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Aunque el juez, el fiscal y el abogado no aceptaron cargos, fueron enviados a la cárcel mientras avanza el proceso judicial para que respondan por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato, concusión y cohecho.