Abogados de acusados en red de corrupción en el Ejército denuncian presiones

Abogados defensores de los implicados en la presunta red de corrupción por contratación en la Cuarta Brigada denunciaron haber recibido llamadas de una funcionaria de MinDefensa, quien al parecer les estaría hablando de unas entregas de dinero y de la necesidad de que sus defendidos acepten cargos por delitos como cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

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El abogado del coronel Alexander Carvajal le dijo al juez lo que estaba ocurriendo y aseguró que varios de sus colegas están recibiendo llamadas en las que los presionan.

“Es de nombre doctora María Claudia Agudelo, dice trabajar para el Ministerio, y está generando unas informaciones donde ya tiene cuadrado con la Fiscalía, exactamente la posibilidad para que el coronel inmediatamente acepte cargos… Que ya ha generado una situación de dar un dinero, el cual está obedeciendo a que acepte unos cargos y que a partir de la situación ya puede quedar en libertad”, dijo el abogado.

Ante esto el juez manifestó que la Fiscalía investigará quién es la persona que está realizando las llamadas y a qué se debe su accionar.

La denuncia se dio en medio de la audiencia de medida de aseguramiento, en la que el procurador delegado para el proceso solo pidió medida privativa de la libertad en centro carcelario para Samir Fernando García, contratista de Distrilogística, y el capitán retirado Guerly Alexander Carrera, contratista del almacén el Infante, argumentando que aún mantienen relación con personas y negocios que podrían entorpecer la investigación en curso.

“Teniendo en cuenta exclusivamente su calidad de servidores públicos activos del Ejército, esto en sí mismo no es un criterio que justifique la medida de aseguramiento”, indicpó el procurador delegado, quién dijo que “acorde al principio de razonabilidad la medida de aseguramiento de detención preventiva en centro de detención solo sería procedente frente a Samir Fernando García Buitrago y Guerly Alexander Carrera Arias”.

Para las otras seis personas detenidas, entre las que se cuentan militares y civiles, pidió algunas medidas restrictivas, pero no privativas de la libertad, especialmente para Ana Lucia Posada, esposa de Samir García y quien, según el delegado del Ministerio Público, no es un peligro para la comunidad.

Se espera que este jueves el juez tome una decisión con respecto a los nueve capturados.