Altos mandos de la Policía preguntaron por el proceso: Fiscalía sobre caso 'Ñeñe'

En medio de la audiencia en la se le pidió al juez 62 de garantías enviar a la cárcel preventivamente al mayor de la Policía Yeferson Fabián Tocarruncho y al sargento Wadith Miguel Velásquez, el fiscal Daniel Hernández alertó de que altos mandos de la Policía estaban preguntando por este proceso.

“Como lo manifestó la fiscal en su declaración, en febrero de este año altos mandos de la Policía aún seguían preguntando por estos hechos, tenían interés directo, verificará usted en la declaración rendida por la fiscal Jenny Andrea Ortiz Ladino”, dijo Hernández.

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El caso, según lo reveló el fiscal, es que, en medio de la investigación por el homicidio de Óscar Rodríguez, proceso en el que fue chuzado legalmente el ‘Ñeñe’ Hernández, Tocarruncho y Velásquez interceptaron, al parecer ilegalmente, a cinco de sus subordinados en Cali porque querían establecer si era cierto que se habían robado unos dineros en un allanamiento en esa ciudad.

Según el fiscal Hernández, altos mandos de la Policía preguntaron este año por los hechos.

Por otro lado, presentó los testimonios de seis funcionarios que soportarían su hipótesis de que los uniformados interceptaron ilegalmente a cinco de sus subordinados en medio de la investigación que llevaban por el homicidio de Óscar Rodríguez.

Para la Fiscalía, que los dos oficiales de la Policía queden en libertad representa un peligro para las víctimas, la comunidad y la investigación.

Se trata de las declaraciones de las víctimas: el denunciante de las chuzadas ilegales, Edwin Calderón, Pedro Cita, el patrullero Luis Alberto Uzeta, el subintendente y analista de líneas de la sala de interceptaciones de la Dijin, Frank León, la exfiscal del caso contra el ‘Ñeñe’ Hernández, Jenny Andrea Ladino y tres declaraciones más de policías interceptados ilegalmente.

En la declaración juramentada, el para la época patrullero Luis Alberto Uzeta Jaime, dijo que el “mismo sargento Wadith Velásquez le había informado que no se metiera en eso, que el mayor Tocarruncho había ordenado la interceptación del teniente Cita, de los dos subintendentes y de los dos patrulleros y que él (Uzeta) no se tenía que meter en esas cosas”, leyó el fiscal.

Por su parte, el analista de líneas de la sala de interceptaciones de la Dijin, Frank león, dijo a la Fiscalía en declaración juramentada qué le había dicho al sargento Wadith Velásquez.

“Escucho, pero no le voy a dar información porque no corresponde al motivo fundado de la interceptación. Las líneas estuvieron activas (interceptadas) aproximadamente durante 4 meses. Le informé a mis superiores: el intendente Millán, el comisario Rodríguez y el coronel Riaño”, dijo.

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“Le expongo el tema al coronel y había llamado la atención por la no cancelación de las líneas. El coronel Riaño llamó al mayor Tocarruncho y este manifiesta que el analista Wadith no le ha informado nada. Yo le mostré los informes de cancelación al señor coronel. Al día siguiente llegó el señor Wadith para la cancelación de las líneas”, añadió.

La Fiscalía argumentó que la necesidad de la medida de aseguramiento en cárcel es por el peligro que representan para las víctimas y el proceso.

“Las víctimas siguen siendo subordinados de los imputados. De las cinco víctimas, tres consideran que tienen temor por sus vidas: el que más ha hecho énfasis es el patrullero Edwin Calderón. Se necesita que se le de seguridad a las víctimas, a la comunidad, a la investigación y la única medida que considera este despacho es la intramural. Eso sí, una reclusión en un establecimiento especial para funcionarios de la Policía, teniendo en cuenta que han desarrollado actividades contra organizaciones criminales y la coyuntura delCOVID-19”, sostuvo Hernández.

Según la Fiscalía, por orden del mayor, dos de las víctimas han sido trasladadas al Cesar y perseguidos por miembros de la institución, incluso, aseguran ser objetos de seguimientos.

El mayor de la Policía Yeferson Fabián Tocarruncho y del sargento Wadith Miguel Velásquez se declararon inocentes de los cargos imputados por la Fiscalía por los delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones, falsedad ideológica en documento público y uso ilícito de comunicaciones.