Ante al menos 60 víctimas en Ocaña (Norte de Santander), 10 militares y un civil reconocerán su responsabilidad en casos defalsos positivos registrados entre 2007 y 2008. Las víctimas podrán hablarles a los comparecientes y hacerles preguntas sobre lo sucedido en esos años.
Por su parte, los comparecientes ampliarán el reconocimiento de verdad que ya hicieron por escrito ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), en documentos enviados hacia finales del 2021.
Por ser un proceso restaurativo, la JEP decidió que este reconocimiento debía darse públicamente. Para estas audiencias se ha hecho un proceso de preparación y encuentros privados previos entre los militares y las víctimas.
En algunos autos, la Jurisdicción encontró patrones acerca de cómo se cometían los falsos positivos en el Norte de Santander. Entre algunos detalles aseguran que el asesinato y desaparición de estas personas, en su mayoría jóvenes y campesinos, fue un fenómeno que se repitió por los mismos actores y con los mismos propósitos.
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La magistrada relatora del caso de falsos positivos en la JEP, Catalina Díaz, quien aseguró que estas audiencias eran un hecho histórico, manifestó que los militares “buscaron a víctimas con perfiles muy parecidos. Y el propósito que unía estos asesinatos y desapariciones era engrosar los números de supuestas bajas en combate, que era el indicador principal por el que medían el éxito de las unidades militares”.
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Asimismo, explica que estos asesinatos se dieron en contra de personas civiles asesinadas en algunos casos por la espalda y según confesaron los comparecientes.
“No hubo combates, las armas se compraban en mercado negro y se ponían después de manera ficticia al lado de las víctimas para simular el combate y que en los registros oficiales, que también eran falsos, aparecieran como bajas en combate”, añadió Díaz.
Posteriormente a estas audiencias, la JEPtendrá tres meses para expedir sus conclusiones al respecto. Y con esto se dará fin al proceso en la sala de reconocimiento de la Jurisdicción, que luego pasará al Tribunal para la Paz, de la misma jurisdicción, en el que se decidirá cuáles van a ser las sanciones restaurativas que tendrán los militares que reconocieron una verdad plena y exhaustiva en estos sucesos.
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