El Tribunal Superior de Bogotá ordenó prisión domiciliaria para el general (r) del Ejército Jorge Salgado, presunto responsable de los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos porque, al parecer, cuando comandó la Séptima División, entre el 29 de diciembre de 2015 y el 27 de diciembre de 2017, se lucró ilícitamente de la adjudicación de contratos a dos empresas: Ingecodi S.A.S. y Distrilogística P G S.A.S.
“Son delitos contra la administración pública, que, como bien jurídico tutelado, es de naturaleza colectiva. De esta manera, una lesión a la administración pública como la que se le imputa al mayor general Jorge Arturo Salgado es digna de ser considerada de alto riesgo social por las implicaciones que ella tiene en el conjunto del funcionamiento del Estado, lo que significa un mayor grado del reproche que otros delitos que afectan bienes jurídicos individuales, de lo que se deduce la peligrosidad para la comunidad de comportamientos que fueron cometidos presuntamente con dolo, con grave infección de sus deberes funcionales, motivo suficiente para acceder a una medida privativa de la libertad”, dijo el magistrado.
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El general Salgado se declaró inocente de los hechos y, al parecer, el ente acusador ya tendría listo un preacuerdo con el cual el general aceptaría las conductas a cambio de una rebaja en la pena.
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El fiscal del caso dijo que la Séptima División le adjudicó nueve contratos de mantenimiento, adecuaciones y mejoramiento de las instalaciones, por un valor cercano a los 1.423 millones de pesos a Ingecodi S.A.S, representada comercialmente por Viviana González.
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Además, le adjudicó, presuntamente, de manera irregular seis contratos de cafetería, que ascendieron a 414 millones de pesos a Distrilogística P G S.A.S, representada por Samir García. Es decir que, al parecer, en total adjudicó irregularmente 15 contratos por cerca de 1.900 millones de pesos.
A cambio de adjudicar esos contratos, el general Salgado obtuvo múltiples beneficios personales. Por ejemplo, por favorecer a la empresa de Samir García se apropió en provecho propio de dinero estatal, lo que hizo mediante los siguientes bienes y servicios: tiquetes aéreos para sí mismo y su familia, pagar cuentas en restaurantes, pagar actividades sociales, tales como asados en la casa comando y boletos para conciertos; pagar el alquiler de dos fincas de recreo por un fin de semana, una para sí mismo y su familia y otra para los escoltas; pagar el combustible de los vehículos utilizados por su familia en Bogotá; pagar sus facturas de celular; pagar el cableoperador de la casa fiscalque utilizaba y el comando de la División y pagar la suscripción a la prensa.
Los beneficios a cambio de contratos, al parecer, sumaron 151 millones de pesos.
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