Dos jueces emitieron medidas cautelares contra el libro Dejad que los niños vengan a mí, con testimonios de víctimas de pederastia por parte de la Iglesia.
En una de las decisiones, tomada por un juez en San Rafael, se prohíbe de forma transitoria la venta del libro y en otra, proferida por un juez de La Ceja, pedía al periodista Juan Pablo Barrientos, autor de la publicación, revelar las fuentes de su investigación.
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“Estas son dos medidas arbitrarias que se imponen contra un libro y eso es censura previa, de cuándo acá un juez es el editor de un libro”, dijo el periodista.
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Las medidas fueron rechazadas por el Centro de Estudios De Justicia, donde consideran que se viola la libertad de expresión.
“El derecho al buen nombre supone que lo que afirma el periodista no sea cierto, el juez tendrá que demostrar primero que lo que afirma Juan pablo Barrientos no es cierto para concluir que hay afectación al buen nombre (…) Son medidas cautelares muy antipáticas con la libertad de información y el periodismo de investigación”, dijo Juan Carlos Upegui, representante de ese centro.
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En entrevista con BLU Radio, el magistrado de la Corte Suprema Gerardo Botero, quien tumbó el fallo que ordenaba a la revista Semana hacer públicos los documentos de una investigación, explicó que hay diferencias entre este caso y la comercialización de un libro.
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“La Constitución Política garantiza a toda persona la libertad de difundir su pensamiento y a recibir y dar información a través de los medios, pero no podría uno legitimar a un periodista que por el hecho de su profesión pueda escribir un libro y eventualmente afectar la dignidad de terceras personas”, señaló Botero.
“Una persona que escribe un libro en principio no estaría amparada con la reserva de la fuente si está haciendo denuncia contra determinadas personas independiente de que sea periodista o no. Si lo que está haciendo es consignando lo que periodísticamente informó la comunidad eso habría que analizarlo desde otra arista diferente”, agregó.
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Escuche la entrevista completa:
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