El exjefe de la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, Carlos Albornoz fue condenado por el juzgado 37 de conocimiento de Bogotá a 19 años de prisión como responsable del delito de peculado por apropiación, por las irregularidades en la venta del centro comercial Villa Country de Barranquilla. Además, le impusieron una multa de 5.336 millones de pesos.
“La conducta de este alto funcionario, del cual se esperaba ejerciera una correcta, es el producto de la descomposición social y pérdida de valores. Resulta más que justificada la sanción tanto que la conducta punible desplegada es de gran lesividad al punto que arruina la imagen de los funcionarios y crea desconfianza e inseguridad en la sociedad”, sentenció el juez.
Argumentó el juez que el caso del centro comercial Villa del Country representó un detrimento patrimonial de 22.250 millones de pesos.
“La acusación señala un ilícito acuerdo llevado a cabo por Albornoz y el señor Camilo Bula, como depositario liquidador de esa entidad, y ahí mismo, las inmobiliarias, ‘avaluadores’ y compradores de los bienes inmuebles referidos, tendientes a subvaluar los bienes, venderlos a precios irrisorios distantes del verdadero valor comercial, lográndose un detrimento patrimonial estatal y el beneficio económico de los partícipes en la venta, con el beneplácito del aquí procesado, al no ejercer control ni vigilancia sobre la venta del centro comercial Villa del Country y permitir que fuera adquirido fraudulenta por Inversiones Eliat Ltda representada por Leo Eisenband, por debajo del valor catastral y muy por debajo de su valor real comercial. Detrimento precisado por 22.250 millones de pesos”, dijo el juez.
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Añadió el funcionario judicial que, Albornoz, no cumplió su deber de vigilar y controlar la administración de los bienes incautados a la mafia.
“El doctor Albornoz tenía la obligación legal de vigilar y controlar la administración de los bienes en Barranquilla y el actuar del liquidador. No se puede aducir que esto fue un acto ajeno a su voluntad y que el único responsable es Bula Galeano cuando, claramente, él mismo no podía realizar las tropelías que ejecutó sin el concurso consciente y relevante del doctor Albornoz”, explicó el juzgado.
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La defensa del condenado, Milderd Hartman, apeló la decisión del juez por lo que queda en manos del Tribunal Superior de Bogotá la determinación sobre si ratifica o modifica la condena.
Responsabilidades de la Fiscalía por preclusión de delitos
El funcionario judicial aseguró que los fiscales que pasaron por este proceso fueron culpables, presuntamente, de dilaciones que llevaron a que precluyeran la mayoría de los delitos.
En más de una oportunidad requerí a los funcionarios delegados, ordené que se comunicara lo ocurrido a los directores seccionales de Fiscalía y al mismo fiscal general en ese momento, Néstor Humberto Martínez. Me vi acompañado por el Ministerio Público, quienes también manifestaron su preocupación haciendo un llamado de la Fiscalía para evitar en lo posible que se presentara la prescripción de algunas de las conductas delictivas investigadas (…) Se consolidó fenómeno en lo que respecta a falsedad en documento privado, concierto para delinquir y prevaricato por omisión. En tal virtud ordené la prescripción de los delitos y por las consideraciones plasmadas también ordené compulsa de copias ante el Consejo Superior de la Judicatura para que se investigue el presunto incumplimiento de los deberes funcionales de los fiscales que ejercieron desde la acusación hasta la finalización del juicio oral, excepto al doctor Henry Omar Durán
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A pesar de la prescripción de los delitos, se tuvieron en cuenta las conductas en contexto para la sentencia, el juez argumentó: "el hecho que prescribieran varios delitos no quiere decir que no se hubiesen configurado”, señaló.
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