El exjefe paramilitar Jairo Alegría Martínez, alias "Carlos Alegría", fue condenado por un juzgado colombiano a 30 años y 2 meses de prisión por el asesinato del profesor indígena kankuamo Rufino de Jesús Maestre Gutiérrez,informó este domingo la Fiscalía.
El crimen sucedió el 25 de febrero de 2003 en un barrio de la ciudad de Valledupar, en el departamento de Cesar (noreste), cuando la víctima esperaba el transporte público y fue atacado por dos hombres armados que, como sicarios, actuaban para un frente de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
"Carlos Alegría" era entonces, según la Fiscalía, el jefe urbano de este frente, el Mártires, y también ideólogo y coordinador logístico del crimen.
"En ese sentido, quedó en evidencia que los homicidas estaban a su cargo y respondían a las directrices que él y el grupo ilegal impartían, entre estas, amenazar y perseguir a algunos kankuamos, a quienes señalaban equivocadamente de ser colaboradores de otras organizaciones criminales que delinquían en la región", consideró la Fiscalía.
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Por ello, el exjefe paramilitar fue declarado responsable de homicidio en persona protegida y además de la prisión deberá pagar una multa monetaria "y cumplir con un acto de arrepentimiento y perdón hacia los familiares del docente asesinado y la comunidad indígena afectada".
#ATENCIÓN | Luego de valorar los argumentos presentados por la #Fiscalía, una juez de #Bogotá condenó a 30 años y 2 meses de prisión al exjefe paramilitar Jairo Alegría Martínez, alias Carlos Alegría, por el asesinato de un profesor e integrante del pueblo indígena Kankuamo. pic.twitter.com/Ch5TP4dW6k
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 17, 2022
Este frente recibía el apoyo y respaldo de los principales líderes del Bloque Norte de las AUC, como Rodrigo Tovar, conocido como "Jorge 40", quien está condenado por innumerables crímenes graves.
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Las AUC, que llegaron a ser la mayor banda criminal del país, y el Ejecutivo del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) mantuvieron un proceso de paz entre 2003 y 2006 que concluyó con la disolución de la organización y la desmovilización de 31.000 combatientes, al amparo de la Ley de Justicia y Paz.
Según el informe final de la Comisión de la Verdad, entre 1985 y 2018 en el conflicto se cometieron más de 450.000 homicidios, de los cuales el 45 % los cometieron los paramilitares.
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