Un juez Penal de Montería condenó a 11 años y 3 meses de cárcel a Edson Emérito Sánchez, representante legal de varias fundaciones sociales, por prestar su nombre para cometer irregularidades en contratos con la secretaría de salud de Córdoba y apropiarse de más de 2.800 millones de pesos entre 2012 y 2013.
La Fiscalía demostró que el representante de las dos fundaciones firmó facturas, hizo cobros y presentó soportes de consultas, reuniones o entregas de ayudas humanitarias inexistentes, para lograr el desfalco.
Según las investigaciones, parte de los recursos para atender a la población desplazada fueron entregados a terceras personas que participaron en las diferentes maniobras ilícitas detectadas.
El fallo ordenó la captura de Sánchez, quien admitió su responsabilidad en los hechos y su traslado inmediato a la cárcel, al tiempo que impuso una multa de 20.000 salarios mínimos.
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