Un juez de Bogotá condenó y ordenó la captura del exmagistrado Francisco Ricaurte, como responsable de los delitos de concierto para delinquir, cohecho, utilización indebida de información privilegiada, tráfico de influencias de particular, por ser, supuestamente, integrante del denominado cartel de la toga.
Además, ordenó la captura en su contra, teniendo en cuenta que el exfuncionario pudo continuar su proceso en libertad.
“Como estrategia diseñada por la organización criminal, concierto para delinquir, para favorecer a los mal llamados clientes de la organización bajo el manto protector de su líder y creador, doctor Francisco Ricaurte, o a quienes se acercaran a dicha organización criminal. Se concertaron entonces: Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos, gusto Malo, Luis Gustavo Moreno y ocasionalmente, Luis Ignacio Lyon, Camilo Ruiz, Camilo Tarquino y Alfredo Betín. Quedada demostrada la existencia de la organización criminal y sus integrantes, no solo con el testimonio directo de uno de sus integrantes, Luis Gustavo Moreno, si no la corroboración de sus señalamientos”, sentenció el juez.
Añadió que la justicia demostró que Ricaurte era pieza fundamental en la organización porque era quien conseguía clientes y establecía el monto a cobrarles.
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“Francisco Ricaurte conseguía los llamados clientes, establecía las condiciones del precio, la forma de pago, distribución de dineros, como quería presentarse al margen de los hechos delictuosos, esto no fue posible porque sus mismos socios, clientes lo delataron acogiéndose al principio de oportunidad como Gustavo Moreno, Álvaro Ashton y Musa Besaile”, dijo.
En su decisión, el juez dijo que había pruebas de que existió esa organización criminal a las más altas esferas de la justicia y añadió que no hay pruebas que desvirtúen el testimonio del exfiscal, Luis Gustavo Moreno sobre la misma.
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“Por lo menos desde este momento para el caso que ocupa la atención del despacho comienza a perfilarse aquello que denominado Luis Gustavo Moreno como una organización criminal y como se trata de valorar el testimonio de Moreno, no ve esta judicatura que dentro del acervo probatorio haya alguna prueba que desvirtué o haga inverosímil o no creíble las aseveraciones que hizo Moreno”, dijo.
Añadió que, según pruebas, esa organización habría corrompido a más funcionarios, según la declaración de Moreno.
“Es una organización no solo criminal, lamentablemente me corrompí, pero Ricaurte y Bustos corrompieron a los demás funcionarios como Camilo Ruiz, Alfredo Bettín y más funcionarios porque los tenían al servicio de los intereses personales no solo de los intereses de corrupción si no cualquier tipo de aspiración y favorecerse con la toga para alcanzar esas aspiraciones”, añadió el juez.
Además, dijo que, según los testimonios, los integrantes de la organización criminal eran: Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte, Gustavo Malo, Luis Gustavo Moreno y ocasionalmente: Alfredo Bettín, Camilo Ruiz, Luis Ignacio Lyons y Camilo Tarquino.
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Según la Fiscalía, los exmagistrados Francisco Ricaurte y José Leónidas Bustos tenían una organización criminal conocida como el cartel de la toga, la cual operó desde 2013 y hasta 2017, para el direccionamiento de decisiones judiciales y manipulación de evidencia, al que integraron al abogado y luego fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Al parecer, fueron beneficiados con esas actividades ilícitas los exsenadores: Musa Besaile, Álvaro Ashton y el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía.
Sobre los clientes, aseguró que quedó demostrado que con Ashton, Besaile o Abadía no se pactó una representación, concepto, o asesoría si no que se pactó “una decisión que era comprada a la organización criminal” y que ese punto tuvo respaldo en todos los testimonios analizados.
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“Sí resulta cierto y probado que Ricaurte y Moreno, integrantes de la organización que data del año 2013 con poder de Juan Carlos Abadía a Moreno, como fachada, con intervención activa de Ricaurte desarrollando el propósito criminal que era favorecer a Abadía para que no se le imputara por un contrato de bibliotecas y archivar dos archivos en su contra que llevaba el fiscal Alfredo Bettín, a quien Ricaurte le prometió mantenerlo en el cargo con el compromiso de orientar los dos archivos a favor de Abadía y evitar imputación”, dijo el juez.
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