La Contraloría General de la República declaró “de impacto nacional” una serie de 50 hallazgos en contratos de la Alcaldía de Santa Marta durante las administraciones del hoy gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo (2012-2015), y de Rafael Martínez (2016-2019), que representarían un detrimento patrimonial por 45.750 millones de pesos.
En un auto del 9 de julio de 2020, el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, faculta a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupciónpara la recuperación de recursos comprometidos por posibles manejos irregulares.
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Algunos de los contratos cuestionados están relacionados con las obras de la calle 22 y la Avenida del Ferrocarril, lo mismo que la modernización administrativa de la Alcaldía de Santa Marta, que suscribió Rafael Martínez con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
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También se cuestiona una posible falta de capacidad técnica, administrativa y operativa de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (Essmar), que contrató en forma directa más de 11.000 millones de pesos, según la Contraloría, incluyendo un contrato de publicidad por más de 1.600 millones de pesos.
Otro contrato al que se hace referencia es el de las ludotecas de Bonda y Ciudad Equidad, a las cuales les invirtieron más de 6.000 millones de pesos.
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Igualmente, la adecuación del coliseo deportivo de Gaira por 2.682 millones de pesos.
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