Corte ordena al Gobierno protocolos en universidades contra acosos sexuales

El pronunciamiento del alto tribunal se da a raíz del caso de una profesora que fue despedida por la Universidad de Ibagué porque había denunciado casos de acoso sexual y laboral que se estaban presentando con mujeres vigilantes de la institución.

Aunque la institución adujo que tenía la autonomía para tomar ese tipo de decisiones, la corte consideró que no es justa causa cuando se trate de protección a los derechos de género porque con ese tipo de sanciones también se vulneran derechos como la libertad de expresión.

“Por ello, la discriminación por razón del género constituye un límite al ejercicio de la autonomía universitaria en su fase de autogobierno y libertad contractual y se encuentra proscrita constitucionalmente”, señala la sentencia.

En el caso de la profesora, la Corte Constitucional encontró que con su despido se hacía continuidad a las formas de discriminación de género y ordenó a la universidad reintegrarla a su cargo y garantizar sus derechos para denunciar actos que atenten contra la mujer.

De igual forma, el Ministerio de Educación deberá desarrollar “las normas y estándares que regulan la atención de casos de posible discriminación, en razón de sexo o género en contra de estudiantes y docentes en los centros de educación superior”.