La Corte Suprema de Justicia condenó al exmagistrado Gustavo Enrique Malo Fernández a la pena de nueve años, seis meses y 12 días de prisión, más el pago de una multa de 94 millones de pesos, por su responsabilidad en el denominado cartel de la toga, que consistió en vender fallos a excongresistas investigados por diferentes hechos delictivos.
La Sala Especial de Primera Instancia lo declaró responsable de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato por omisión, y le negó la casa por cárcel.
La Corte consideró que el exmagistrado Malo Fernández “se unió a un grupo delincuencial, con vocación de permanencia, para ejecutar diversas conductas delictivas que derivaron en la lesión a la expectativa legítima que ampara a todos los asociados frente a las decisiones de las autoridades, especialmente aquellas que provienen del órgano de cierre en la jurisdicción ordinaria”.
Las pruebas recaudadas por la Corte permitieron establecer que por intermedio del exfiscal anticorrupción ya condenado, Luis Gustavo Moreno Rivera, y del exmagistrado también condenado, Francisco Javier Ricaurte Gómez, negoció su función como juez, recibiendo la contraprestación ilegal derivada de un acto de corrupción.
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En primera instancia, la Corte concluyó también que Malo Fernández cometió el delito de prevaricato por omisión, pues, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con la organización delincuencial de la cual hacía parte, entre ellos, retirar del cargo al magistrado auxiliar que adelantaba la investigación contra Musa Besaile, dolosamente adoptó al interior del despacho a su cargo las medidas necesarias para retardar un acto propio de sus funciones, como lo era administrar justicia bajo los parámetros constitucionales y legales. En concreto, omitió tramitar de forma célere y eficiente las diligencias que se adelantaban contra el exsenador Musa Besaile, teniendo cabal capacidad de cumplir con su deber.
A juicio de la Sala, quedó claro que el entonces magistrado se concertó con funcionarios públicos y con particulares para abordar a congresistas, como los exsenadores Musa Abraham Besaile Fayad y Álvaro Ashton, contra quienes cursaban indagaciones penales en única instancia en su despacho, a fin de adoptar decisiones contrarias a derecho y afectar el curso normal de las mismas. Lo anterior, a cambio de coimas y dádivas.
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En esa tarea de acercamientos con los congresistas intervenían los abogados Luis Gustavo Moreno Rivera y Leonardo Pinilla Gómez, para lo cual Malo Fernández, por intermedio de Francisco Javier Ricaurte Gómez, exmagistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, suministraba datos al grupo para que fueran utilizados al abordar a los citados congresistas.
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