Durante la imputación de cargos por concierto para delinquir al contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, y los contralores auxiliares José Hernando Duque, Dioner Ortiz y Gabriel Jaime Castaño, la fiscal del caso reveló que, por las negociaciones de auditorías en municipios como La Pintada, Montebello, San Carlos, Briceño, Copacabana y Jardín, y las modificaciones de hallazgos penales y fiscales a administrativos, habría un millonario detrimento patrimonial.
La fiscal asegura que la cifra asciende a 51 mil 800 millones de pesos, que dejaron de invertirse para el bien de la comunidad y terminaron destinados para fines que no eran los adecuados.
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Dice que uno de los casos fue en el municipio de San Carlos, donde más de 400 millones de pesos de recursos del Sistema General de Participación que eran para inversión social terminaron siendo utilizados para gastos de funcionamiento, hecho que nunca fue reportado en las auditorías.
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