El sargento que puso en jaque a general del Ejército por presuntos cobros irregulares

En diálogo con BLU Radio, el sargento Blanco habló de los frutos que está dando la denuncia que puso hace tres años ante la Procuraduría sobre la venta de ficheros inteligentes que se estaba dando en el Ejército para poder ingresar al Cantón Norte, en Bogotá. En ese entonces al suboficial le tocó pagar $20.000 porque solo necesitaba dicho fichero para los tres meses que iba a durar en esas instalaciones haciendo un curso.

Aunque en algún momento pensó que su denuncia había quedado en el olvido, en los últimos días el ente de control citó a juicio disciplinario al brigadier general Jairo Alejandro Fuentes, en calidad de comandante de la Séptima Brigada del Ejército en Villavicencio, y al coronel Ariel Fernando Durán, segundo comandante y jefe de Estado mayor de esa unidad militar, porque habrían permitido que la firma que hizo los ficheros, identificada como Advantage Microsystems Colombia Ltda, obtuviera un incremento patrimonial indebido.

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Para el suboficial, lo más delicado de todo esto es que al comprar el fichero para ingresar al Cantón Norte, se dio cuenta que una empresa civil era la que estaba manejando el asunto; le pareció grave que una compañía en particular estuviera accediendo a la información personal de cada integrante del Ejército. Además, no se explica por qué le cobraron el fichero si tiene carné militar para identificarse.

“Yo vengo denunciando la perversa, oscura y criminal corrupción que hay dentro de la institución y la Procuraduría es muy poco lo que ha hecho porque esta denuncia la puse en 2017. Le hago llamado al procurador para que investigue estas denuncias. El tema es delicado porque eso es un negocio y están ingresando a la base de datos de cada individuo”, dijo el sargento Blanco a BLU Radio.

El suboficial se tomó la tarea de llamar a las directivas de la empresa contratada para hacer los ficheros, quienes le explicaron que el costo de la tarjeta inteligente se debía al material con el que se realiza y a unas herramientas que se tenían que instalar en unidades militares en Bogotá, Villavicencio y Tolemaida para su funcionamiento. Sin embargo, el sargento asegura que el fichero que compró en el Cantón Norte no le funcionó en las instalaciones del llano.

Hay que recordar que la Procuraduría también señaló que el general Fuentes deberá responder por su presunta participación en la etapa contractual con la empresa Advantage Microsystems Colombia, porque habría tenido un acuerdo informal “alcanzado con Pablo Emilio Páez Beltrán, representante de la firma, para el suministro de las tarjetas o ficheros de control de ingreso a las instalaciones de la Séptima Brigada del Ejército, con un eventual desconocimiento de los principios de transparencia y economía que regulan la contratación estatal”.