La Jurisdicción Especial para la Pazle pidió a laFiscalía General y a la Procuraduría investigar una presunta manipulación de militares sometidos a esa justicia por casos de falsos positivos. La petición se dio tras el recaudó de varios testimonios de comparecientes que dicen haber sido presionados para cambiar sus versiones en casos de ejecuciones extrajudiciales. Uno de esos testimonios fue revelado por Noticias Caracol en noviembre de 2019:
“Mi coronel Tamayo nos reunía aparte, antes de que llegaran y decía: "toca hacer esto y digan esto y ya, controlar la respiración, que no moverse uno mientras el examen de poligrafía y todo lo demás
-Procurador: O sea los instruyó para eso, para que pasara en la prueba de polígrafo?
-Si señor”, aseguró un militar que compare ante la JEP.
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Pero además el Tribunal Transicional pidió que se investigue si también hay conductas de encubrimiento y fraude procesal en este delito de ejecuciones extrajudiciales, considerado como un delito de lesa humanidad. Así lo señala un auto de esta jurisdicción conocido por Blu Radio:
"El contenido de esta información, en los términos expuestos por los comparecientes, podría configurar conductas punibles como un presunto encubrimiento o fraude procesal, práctica que es coincidente con versiones voluntarias rendidas por otros comparecientes en el marco del Caso 03 pues aducen prácticas de preparación de miembros de la fuerza pública ante la JEP con el fin de incitar al ocultamiento de la verdad y de crímenes graves de lesa humanidad cometidos", añade el documento.
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En otro de los testimonios analizados por la Sala de Reconocimiento de Verdad, uno de los comparecientes habla del Fondo de Defensa Técnica Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública -FONDETEC-:
Magistrado: ¿A usted alguna vez FONDETEC le ha condicionado su asesoría en relación con lo que dice?
Compareciente: “No es el caso de mi abogado [pero] desde FONDETEC nos condicionan los testimonios para mejorar la defensa de los que están arriba”, se señala en el auto de la JEP.
Además, la JEP trata de establecer si en una jornada pedagógica sobre la justicia transicional realizada por la dependencia del ejército encargada de asistir a militares con problemas jurídicos, se pudo dar instrucciones en ese sentido. Esa jornada se realizó en noviembre de 2018.
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El Colegio de Abogados Penalistas calificó de lamentable la decisión de la JEP porque, según ellos, estigmatiza a los defensores técnicos:
"La decisión del pasado 2 de febrero de 2021 (...) constituye un lamentable esfuerzo por estigmatizar la labor del defensor técnico, al considerar el trabajo del abogado como constitutivo de actos delictivos, llegando al extremo de ordenar investigaciones indeterminadas", aseguró Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados.
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Hasta el momento la JEP no ha remitido nombres de abogados para su investigación y espera que la Fiscalía y la Procuraduría asuman el conocimiento del caso para establecer si en realidad ocurrieron esas presiones y quién las hizo.
Escuche aquí el informe de BLU radio:
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