El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, explicó en Mañanas BLU las observaciones del ente acusador frente al texto de la Ley estatutaria de la JEP.
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Según el fiscal, las objeciones a la normatividad no afectarían su funcionamiento y les contestó a quienes califican que su actuación es un palo en la rueda a la JEP.
“La JEP siempre va a quedar viva. Es decir, si llega a haber unas objeciones parciales, la JEP sigue funcionando como está funcionando y habrá que resolver en el Congreso tres, cuatro, ocho, qué sé yo, artículos, pero ese es un procedimiento parlamentario muy rápido”, aseguró Martínez.
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“Necesitamos construir instituciones legítimas basadas en valores, en una axiología en donde quepa toda la sociedad para que al cabo de unas décadas no estemos reabriendo lo que toca cerrar para siempre que es este oprobioso capítulo de la guerra en Colombia”, sostuvo.
“Estoy planteando estos puntos para que el presidente los considere al momento de tomar decisiones o si no, que queden como constancia histórica”, agregó.
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Según Martínez, la normatividad tal y como está, “podría ser un golpe mortal a la política antidrogas del país en momentos en que estamos nadando en droga”.
En su concepto, la definición del marco legal de la paz no puede dejar temas abiertos a futuro, como una manera de cerrar la responsabilidad jurídica de los acuerdos del conflicto.
Para el jefe del ente investigador, si el delito de narcotráfico queda en cabeza de la JEP quedaría con los beneficios del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición.
“Si capturan a una persona con 50 hectáreas de coca hoy en día y saca un certificado de desmovilizado, el señor dice: ‘perdón, a mí no me juzga la fiscalía sino me juzga la JEP’.
Allá va y confiesa y dice sí, yo tengo esto desde hace cuatro años, la pena es de dos años, no hay cárcel y tiene la garantía de la no extradición. Eso sería un golpe mortal a la política antidrogas de este país en momentos en que estamos nadando en drogas. Eso es una patente de corso”, opinó Martínez.
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El fiscal negó que haya motivaciones políticas frente a sus reparos frente a la ley estatutaria de la JEP.
“No he hablado con ningún sector político sobre este tema”, declaró.
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