abstenerse de imponer alguna medida de aseguramiento en contra de los funcionarios que son investigados por presuntas anomalías en la aplicación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial.
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Según la Fiscalía, los funcionarios realizaron modificaciones al uso del suelo,desconociendo las normas, y además habrían autorizado construcciones hasta de 20 pisos, afectando el uso del suelo y zonas de protección ambiental.
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Pese a estos argumentos, el juez promiscuo de Puerto Colombia, consideró que no había inferencia razonable de participación en los delitos de prevaricato por acción y asociación para cometer un delito contra la administración pública.
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