BLU Radio conoció las declaraciones que tiene la Fiscalía en la investigación que llevan por la supuesta red de corrupción en la Procuraduría y que dio como primer resultado la captura de Jesús Alejandro Garzón Rincón, abogado sustanciador del despacho del exprocurador Fernando Carrillo, quien, supuestamente, extorsionaba a cambio de decisiones disciplinarias favorables.
Funcionaria de la Procuraduría, denunciante
La primera declaración es la de la procuradora para asuntos disciplinarios, Nasly Hoyos, quien le narró a la Fiscalía que los funcionarios investigados habrían destruido y desaparecido expedientes del despacho del exprocurador Fernando Carrillo.
Desde que se enteró de las anomalías puso en marcha un plan pensado por la Policía que consistía en poner en acetatos transparentes los procesos más sensibles para que quedaran marcadas las huellas de quienes estaban manipulándolos.
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Caso Santrich
La funcionaria Hoyos en el primer caso que pensó fue en el de Santrich. La decisión sobre el proceso la añadió al sobre transparente y lo marcó visiblemente. Los involucrados, al parecer, cayeron en la trampa.
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“Le dije a la secretaria María Patricia Ríos que esa iba a ser la forma en que íbamos a obtener las huellas de las personas que podrían estar filtrando información. Ella dejó los documentos en una carpeta y al día siguiente me mostró que el correspondiente al proceso de Santrich, que estaba guardado en el sobre, ya presentaba otra perforación de cosedora, lo que mostraba que había sido sacado del sobre de acetato. Lo saqué y se lo entregué al mayor Bonilla (seguridad del procurador Carrillo)”, dijo Nasly Hoyos.
Luego, hicieron la misma operación en un caso que llevaban contra el congresista Didier Lobo. Según la Fiscalía, en este caso se desaparecieron los alegatos de conclusión y, dada la insistencia de la búsqueda, aparecieron en una fila de documentos donde no debían estar. Sobre el tema, la funcionaria Hoyos contó lo siguiente:
“Este mismo procedimiento lo volví a hacer con otra decisión proferida dentro del proceso del congresista Didier Lobo. Cuando el señor procurador profirió la decisión de ese expediente decidí meterla en el sobre de acetato e ir personalmente al escritorio de María Patricia (secretaria) y, en voz alta, con el objeto que tanto John y César y los demás presentes en esa área pudieran escucharme, le dije que ese era el fallo de Didier Lobo”, narró.
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"Finalmente, cuenta que salió a hacer una actividad, así que dejó el sobre encima de su escritorio y en horas de la tarde, cuando llegó a la oficina, le pasan en el acetato mostrándole que la decisión se veía en gran parte fuera del sobre y que la esquina inferior derecha del documento mostraba las hojas dobladas, lo que, según ella, evidenciaba que había sido manipulada. Igual que en el caso Santrich, dijo, procedió a meterla en el sobre y se lo entregó al mayor Bonilla".
Entre otras presuntas irregularidades, cuenta la funcionaria, el funcionario Kevin Andrés Amado, que se encontraba adelantando estudios en derecho y que en días asumiría unas funciones distintas, fue cambiado de su cargo y antes de cambiarse de oficina, al parecer, eliminó documentos importantes de procesos que estaban en curso.
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“Se le pidió que los asuntos que tuviera pendientes se los entregará otra persona de la secretaría y que cambiara de escritorio al final de ese día. Luego llegó al despacho María Patricia Ríos (secretaria) y me manifiesta que pudo darse cuenta que el señor Kevin Andrés Amado había destruido, en la máquina picadora de papel, una gran cantidad de documentos que había arrojado a la caja de papel reciclado", contó la funcionaria.
"Me dirigí al bote de basura y pude ver que habían documentos completos que deberían estar al interior de procesos, igualmente gran cantidad de papel picado", continúo.
"Este papel tenía que haber sido, recientemente, destruido, porque esos hechos fueron el día martes y esa caja la desocupan todos los viernes, entonces procedía a llamar al general y al mayor Bonilla, dado que me percaté que estaban frente a la comisión de un delito y requería que funcionarios de la policía judicial acudieron a conocer el caso y fijar la evidencia. Fue así que llegaron funcionarios de la Sijin y recibieron la denuncia a María Patricia y se apersonaron del caso”, narró Hoyos.
Declaración del senador Richard Aguilar
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El senador Aguilar fue el primer denunciante de esta red de laProcuraduría que ya tiene, con medida de aseguramiento, al abogado sustanciador Jesús Alejandro Garzón y en la mira a otros tantos funcionarios.
Cuenta que el sustanciador lo contactó a través de terceros y le pidió 300 millones de pesos para beneficiarlo con una decisión en medio de un proceso que le llevaban por irregularidades en contratación cuando fue gobernador de Santander.
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“Directamente no, fui contactado a través de terceros. Se comunicó mi coordinador político desde Piedecuesta, el señor Raúl Cardozo, quien me manifestó que se encontró con un abogado que es muy prestigioso y reconocido acá en Santander que se llama Carlos Rojas y que estaban preocupados porque lo contactó alguien de la Procuraduría diciéndole que iban a sacar rápidamente la sanción en mi contra", indicó Aguilar.
"Yo le comenté al señor Raúl Cardozo que de qué proceso se trataba porque tenía muchos procesos, entonces él me dijo que muy bueno sería reunirse con el doctor Carlos Rojas, pero que yo me encontraba en Bogotá, que me quedaba difícil. Ellos encuentran acá en Bucaramanga y pues yo le dije, averigüé muy bien y me dice que pasó. Yo me comuniqué con el doctor Héctor Carvajal (su abogado de confianza) y le preguntó si había sido notificado alguna decisión en mi contra", relató.
"Después, nuevamente, Raúl Cardozo me comenta: mire, lo van a sancionar, el que contactó al doctor Carlos Rojas es prácticamente una persona de confianza del procurador, se llama Alejandro Garzón y se trata de un proceso de celaduría y yo le dije, no, averigüemos muy bien porque mi abogado en este momento no me ha confirmado. Entonces Raúl Cardozo tenía un contacto, yo nunca tuve contacto directo con Carlos Rojas y pues Raúl le pidió el favor a Carlos indagar un poco más, porque Alejandro Garzón contactó directamente a Carlos", enfatizó.
"Entonces, después me dice Raúl, no, van a sacar la sanción inmediatamente, hable con su abogado, yo le dije: pregúntele porque no sé si Alejandro Garzón está llamando el nombre del procurador para notificar o simplemente era una persona que nos quería dar alguna información. A los dos días, el señor Raúl Cardozo me dice no, logré hablar con Carlos Rojas y no, es un extorsionista, está pidiendo dizque 300 millones para evitar el proceso. Eso decía que él era el que sustanciaba, que prácticamente él ya tenía para cambiar el sentido del fallo y, a partir de ese momento, el propio Raúl y el doctor Carlos Rojas me dijeron que no", contó.
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"Disculpe no senador, nosotros no sabíamos que íbamos a toparnos con este tipo de personaje. Yo lo que hice de inmediato fue contactar a mi abogado y le dije, venga, hay que informarle al señor procurador. Le di el nombre de Alejandro Garzón, no tengo el nombre completo y pues procedió mi abogado a informarle al señor procurador”, contó el senador a la Fiscalía.
Abogado del senador Richard Aguilar
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En primer lugar, aparece la declaración de Héctor Carvajal, abogado del senador Richard Aguilar, el primer denunciante extorsionado. Cuenta el abogado que estaban esperando el fallo de primera instancia de la Procuraduría en una investigación que le llevaban al parlamentario por irregularidades en contratación cuando fue gobernador de Santander.
“Cuando estábamos pendientes de esa decisión, el senador me remitió vía WhatsApp una fotografía en la que figuraba una comunicación que le hacía una persona, cuyo nombre aparecía como Lalo o Alejo, no recuerdo bien, pero lo que quería decir era que se movieran rápido a tomar una decisión frente a una exigencia que él había hecho", afirmó.
"El senador me explicó que ese funcionario era de la Procuraduría, del despacho del señor procurador, y que, a través de un abogado suyo, cuyo nombre no me dio, y que es de Bucaramanga, le había mandado ese mensaje a él para que le dieran un dinero con el ánimo de qué colaborara para que la decisión fuera absolviendo al senador. El senador me pidió que sacar una cita con el procurador y le llevará el mensaje de lo que está ocurriendo”, contó Carvajal.
Asimismo, añadió que solicitó una cita al entonces procurador Fernando Carrillo, quien le mostró el chat y le contó que el senador le había pedido el favor de denunciar al hecho y que Carrillo le agradeció y le dijo que estaban adelantando unas pesquisas en el despacho. Llamó al mayor Bonilla y el abogado Carvajal le hizo entrega del chat en donde estaban extorsionando al senador.
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Otros investigados
Otros funcionarios que están siendo investigados por los hechos son John Edward Valdez, Cesar Díaz y Kevin Andrés Amado. Este último ya tiene un proceso penal por destrucción de documentación pública porque, al parecer, destruyó en maquina picadora documentación completa que debería estar al interior de los procesos de la Procuraduría.
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