Más pruebas implicarían a otras personas en supuestas irregularidades en caso Merlano

BLU Radio conoció nuevas grabaciones en las cuales se observa que una mujer, miembro de la SIJIN, habría incurrido en irregularidades durante el allanamiento a la ‘Casa Blanca’, sede política de la excongresista Aida Merlano el pasado 11 de marzo.

En este video se observan movimientos por parte de una de las uniformadas que hace parte del allanamiento, quien en la cocina de la sede política de Merlano, al parecer introduce un elemento en otro compartimento.

Según el abogado Silvio San Martín Quiñones, defensa de Merlano, una policía habría dejado un revólver, el mismo que posteriormente fue presentado como parte de las pruebas que se encontraron en la diligencia de allanamiento.

“Se observa una policía también que, al parecer, incorpora dentro de un gabinete algún arma de fuego, minutos después llegan otros policías llegan al mismo lugar donde ella está abriendo el gabinete y encuentran el arma de fuego que la sacan y la revisan”, señaló el jurista.

Ante estas irregularidades, reveladas por BLU Radio, y que están grabadas en el circuito de seguridad de esa sede política en Barranquilla, serán expuestas ante la Procuraduría para que solicitar las investigaciones contra los funcionarios judiciales que participaron de este allanamiento.

De igual forma, se estableció que ante el Consejo de Estado, en donde Merlano le fue decretada la pérdida de investidura, se aportará este nuevo hecho para solicitar, si es el caso, anular todo el proceso disciplinario.

“Vamos aportar los videos no solamente en los procesos disciplinarios sino al Consejo Nacional Electoral porque allí los elementos probatorios por los cuales están analizando su conducta, es la diligencia de allanamiento y si sabemos que esta diligencia está viciada de nulidad porque se cometieron en su contra hechos delictivos, desde luego tendrán que ser valoradas”, agregó la defensa de Merlano.

La Fiscalía General de la Nación también tiene en su poder la denuncia por estas presuntas irregularidades durante la diligencia de allanamiento con el objetivo de evaluar e investigar los posibles delitos de fraude procesal y concierto para delinquir.