La Fiscalíale solicitó al juez 1 de garantías de Popayán que envíe a la cárcel a Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, representante de EPS Asmet Salud, como presunto responsable de los delitos de fraude procesal y peculado por apropiación porque, a su juicio, hay peligro para la comunidad y para la víctima. Sin embargo, el abogadoJaime Lombana, que representa los intereses de Aguilar, dijo que su cliente es víctima de un “montaje judicial” porque quieren callar las denuncias que hizo el año pasado contra el representante Juan Carlos Reinales.
“Se ha cometido un gran atropello contra mi representado para callarlo. Para callarlo porque tuvo la osadía de denunciar un acto de corrupción de un congresista de Pereira, del mismo municipio de donde es un alto funcionario del Estado que todo lo que puede, todo lo mueve”, dijo Lombana.
El abogado se refiere a una denuncia que interpuso Asmet Salud contra el representante Reinales porque, supuestamente, le solicitaba contratos en privado y atacaba a la EPS en la Cámara. Se trata de una conversación que ambos habrían tenido en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, en la que el representante le habría dicho: “¿Usted me le pagaría carterita a unos hospitales que tengo por ahí?”; “No, yo le paso el listadito y mejor personal para evitar malos entendidos y malas güevonadas”, entre otras cosas.
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“Mi cliente fue capturado para callarlo porque saben que en la Corte Suprema de Justicia camina una denuncia por concusión donde fue víctima mi representado. Qué casualidad que a las dos semanas de haber hecho pública esa denuncia, en diciembre del 2020, salen unas órdenes de policía judicial”, añadió Lombana.
En medio de su solicitud, la Fiscalía anunció que tiene interceptaciones de sus comunicaciones y un informe del CTI, del 9 de abril del 2019, en el que se hace un análisis de dichas llamadas interceptadas. Las conversaciones serían entre la exsuperintendente delegada para la Supervisión Institucional de la Superintendencia de Salud, Eva Carrascal y el directivo de la EPS Asmet Salud, Gustavo Adolfo Aguilar, en donde se habla de tramitar la resolución del 127 del año 2018 a favor de esa EPS.
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Dice la fiscal que no es objeto de esta investigación, pero que lo trae a colación para que "se conozca el modus operandi o la forma en la que acostumbra a manejar los trámites administrativos ante autoridades, en este caso ante un ente de vigilancia y control”, cuando hay decisiones con las que no se encuentra conforme o no son de su beneficio.
“Esos informes de interceptación de la línea no tienen relación con hechos imputados, pero seguramente serán materia de investigación de otro despacho. Para la Fiscalía es importante traerlos a colación porque es una forma de evidenciar a la judicatura la forma en la que maneja sus asuntos Gustavo Adolfo Aguilar y la costumbre a veces de cómo obtiene inclusive algunos actos administrativos a su favor”, concluyó la fiscal.
Este jueves a las 3:30 de la tarde, el juez 1 de garantías de Bogotá definirá si envía o no a la cárcel a Aguilar por los hechos.
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