En manos del Consejo Superior de la Judicatura está la expedición de los protocolos de bioseguridad que garanticen el retorno de los trabajadores de la Rama Judicial luego de que termine la prórroga de la suspensión de términos judiciales.
Los trabajadores judiciales, entre quienes están funcionarios de Medicina Legal, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría Pública, jueces e inspectores de Policía, exigen, además, elementos de bioseguridad de uso personal como tapabocas, guantes y trajes antifluidos.
“Si en ciudades como Cali, Medellín o Bogotá y las edificaciones se ven supremamente congestionadas en época de normalidad, ahora cómo vamos a hacer en época de pandemia en donde debe haber un aislamiento que permita una separación de dos metros entre las personas”, manifestó Luis Fernando Otálvaro, presidente de Asonal.
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Se estima que unas 14.000 personas asisten a diario a los cerca de 5.000 despachos judiciales que existen en el país, lo que aumenta el riesgo de contagio con el coronavirus.
Asonal no solo pide elementos de seguridad para todos sus funcionarios, sino que en medio de la emergencia por el COVID-19 se privilegie el teletrabajo, pero el sindicato reconoce que para eso la Rama Judicial debe hacer una inversión de 15 billones de pesos para la modernización de la justicia.
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