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Muerte política de Besaile: se tocan ‘parapolítica’ y ‘cartel de la toga’

Dos de los más recientes escándalos de corrupción y de vínculos de grupos al margen de la ley con sectores políticos terminaron tocándose.

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Primero, la “parapolítica” llevó a que centenares de senadores, representantes, alcaldes, gobernadores y otros dirigentes terminaran aliados con los paramilitares, que coaccionaban a los habitantes de municipios para que votaran por los candidatos con los que terminaron aliados, para que estos, una vez elegidos, entre otras cosas les entregaran contratos o manejo de sectores con importantes presupuestos, con el fin de que tuvieran financiada su “maquinaria de muerte”.

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Ese habría sido el caso de Musa Besaile Fayad, nacido en Sahagún, Córdoba, que comenzó militando en el partido Liberal y terminó, antes de ser capturado, en el partido de la U.

A Besaile lo escucharon hablar muy pocas veces en el Congreso, pero siempre se dijo que tenía gran poder, vinculado a posibles contratos irregulares y a hechos de corrupción.

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Besaile tuvo abierta durante muchos años una indagación preliminar en la Corte Suprema de Justicia por presuntos vínculos con “paras”, y curiosamente, como sucedió con otros dirigentes políticos, nunca avanzó, o parafraseando a los que engavetaron esos casos, “durmiendo el sueño de los justos”.

Finalmente, la justicia logró demostrar que Musa Besaile pagó un soborno de dos mil millones de pesos entre otros, presuntamente a Luis Gustavo Moreno y al exmagistrado Gustavo Malo, para que pasara precisamente eso, que nunca avanzara el proceso en su contra por “concierto para delinquir”.

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En ese punto se unen la “parapolítica” y el “cartel de la toga”, en cuyos dos casos, estuvo implicado presuntamente Besaile: fue beneficiario de la red de magistrados y abogados corruptos para engavetar el proceso en su contra por nexos con paramilitares.

Por eso, por el pago de ese dinero, el Consejo de Estado decretó la muerte política a Musa Besaile, porque según las pruebas, “en su condición de congresista y aforado ante la Corte Suprema de Justicia, negoció con un exmagistrado y un abogado para que estos influyeran en un magistrado de esa Corporación y en efecto, se logró ese influjo mediante el pago de un soborno que llevó a que se detuvieran las decisiones desfavorables al exsenador Besaile Fayad”.

Además, los magistrados dijeron que “se probó que el excongresista Besaile Fayad, en ejercicio de su investidura, se sirvió de unos intermediarios con el objeto de influir en el magistrado encargado de una investigación penal en su contra, mediante el pago de una suma de dinero con el fin de evitar una orden de captura y dilatar esa investigación”.    

“La inminencia de la captura tampoco es una excusa, ni una justificación para el pago del dinero, pues de haber existido esa orden de restricción de la libertad, Besaile Fayad, como cualquier otra persona, tenía el deber de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia”, agregó el Consejo de Estado.

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El caso de Besaile se suma a otros dos “pesos pesados” que fueron inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos, esta vez por el escándalo de Odebrecht: su socio, el también cordobés Bernardo Miguel “Ñoño” Elías y el exsenador boyacense Plinio Olano.

Para completar este panorama, falta que muy pronto la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes decida el futuro penal del expresidente de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos, muy cuestionado por su presunta participación en el cartel de corrupción en la justicia. 

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