Nuevo capítulo de chuzadas ilegales: análisis del caso que tiene en vilo al país

El país está atravesando un complejo momento por cuenta de la investigación de la revista Semana sobre chuzadas. El Gobierno colombiano pidió “sanciones ejemplares” para los responsables de las escuchas ilegales de militares a políticos, magistrados, generales y periodistas, denunciado el sábado pasado por el medio de comunicación mencionado.

Por eso, este lunes en Mesa BLU el exdirector del CTI de la Fiscalía Julián Quintana, Juan Manuel Galán, ponente de la Ley 1621 que pone los límites a la posibilidad de acceder a la información y comunicación de otros; el senador Roy Barreras y Jaime Granados, abogado encargado del general (r) Nicacio Martínez, excomandante del Ejército, analizaron el nuevo capítulo de chuzadas ilegales en el país.

La investigación

Según el informe titulado "Chuzadas sin cuartel", el relevo como comandante del Ejército del general Nicacio Martínez, cuestionado por su política frente a los derechos humanos, fue precipitado en diciembre pasado por las escuchas ilegales.

Esas interceptaciones, realizadas el año pasado, se hacían desde dos guarniciones del Ejército "como una manera de blindarlas y evitar un allanamiento sorpresivo de la justicia o el fisgoneo de los medios de comunicación".

Un militar señaló a Semana que le asignaron el seguimiento de una oficial que supuestamente estaba afectando los intereses de la institución, pero resultó siendo la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, que hizo parte del Ejército.

Monitoreo de comunicaciones

“El nombre vulgar es chuzadas, técnicamente se conoce como monitoreo de comunicaciones y que es algo totalmente legitimo dentro del Estado”, explicó Quintana en Mesa BLU.

“Lo ilegal y reprochable aquí es que este gran músculo tecnológico del Estado se utilice para cosas como seguimiento de periodistas, de magistrados, eso es lo grave de la situación (…) Es permitido el monitoreo, pero lo que no es permitido es hacerlo de manera ilegal”, dijo Quintana.

Asimismo, el exdirector del CTI fue enfático en sostener que la Fiscalía tiene el deber de “establecer si efectivamente existen esas manzanas podridas y sancionar con contundencia” porque “esto no puede seguir pasando”.

Ley 1621 que pone límites al acceso a la información y comunicación de otros

Juan Manuel Galán, ponente de la Ley 1621 que pone los límites a la posibilidad de acceder a la información y comunicación de otros, señaló que la ley de inteligencia busca proteger los derechos ciudadanos.

“La ley dice que no puede recolectarse información de inteligencia por razones de género, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, pertenencia a una organización sindical, social o de derechos humanos o proteger los derechos de cualquier partido o movimiento político o afectar los derechos de la oposición”, explicó Galán.

“La interceptación de conversaciones privadas, telefónicas o datos solo podrán llevarse a cabo en el marco de procedimientos judiciales, dice la ley. Entonces, ¿cuál fue el procedimiento judicial que, eventualmente, habría dado lugar a todo este escándalo que reveló Semana? Eso está por verse”, agregó.

Finalmente, Galán hizo un llamado a la justicia colombiana y a las instituciones para llegar al fondo de las investigaciones y así conocer la verdad y el porqué de estas interceptaciones denunciadas.

Jaime Granados, defensa de Nicacio Martínez

Jaime Granados, defensa del general Nicacio Martínez, manifestó que le exigirán a la revista Semana rectificar las acusaciones en contra del excomandante del Ejército por las presuntas chuzadas ilegales.

“Es toda una conspiración para desprestigiarlo a él (general Nicacio Martínez), para perder la credibilidad en las Fuerzas Militares y para atacar a un partido político como el Centro Democrático”, aseguró.

Granados restó importancia a las investigaciones de Semana y sostuvo que se trató de simplemente “una publicación que hace referencia al dicho de un suboficial”.

“No sabemos si eso es real. No estamos hablando de pruebas, de resultados de investigaciones, de conclusiones adelantas con todo el rigor, sino simplemente a una publicación que hace referencia al dicho de un suboficial (…) El hecho concreto es que se están haciendo unas supuestas indagaciones periodísticas basadas en fuentes anónimas”, indicó el abogado.

El abogado dijo, además, que “hay que dejar la cacería de brujas”. Sostuvo que “en ningún Ejército del mundo es responsable el comandante por las actuaciones de todos los militares”.

Roy Barreras y las chuzadas

Finalmente, el senador Roy Barreras contó que, previamente, él había advertido que estaban haciendo montajes y seguimientos ilegales en su contra.

“Nosotros habíamos advertido, por fuentes que se nos acercaron a contarnos, que existían agentes del Estado, a través de agencias de inteligencia, que estaban haciendo estos montajes y seguimientos ilegales”, explicó.

“Yo, personalmente, consideré prudente contarle al presidente Iván Duque que teníamos esa información. Él dijo que eso era imposible porque agencias del Estado jamás podrían hacer seguimientos a periodistas o senadores”, subrayó.

“El presidente tiene una oportunidad y un deber de depurar las Fuerzas Militares, las agencias del Estado que tienen estos nexos corruptos con prácticas ilegales”, indicó el senador del partido de la U.