Por solicitud de la Procuraduría General, el Tribunal Superior de Barranquilla le ordenó al Ministerio de Justicia, a través de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, garantizar la alimentación de las personas que permanecen en los centros de detención transitoria como la URI y el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla.
Esto, luego de que la Procuraduría instaurara una acción de tutela en la que indicaban que los privados de la libertad estaban pasando hambre.
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En el documento, al que tuvo acceso BLU Radio y que fue publicada el pasado 30 de mayo, la Procuraduría detallaba que había 39 internos recluidos en estos dos centros transitorios que estarían “aguantando hambre” y en condiciones de riesgo ante la COVID-19.
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En el fallo del tribunal se ordena que la Uspec, con la coordinación de la Alcaldía de Barranquilla, suministre las raciones alimenticias hasta que sea superado el estado de emergencia sanitaria declarado en el país desde el pasado 17 de marzo.
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De acuerdo con la sentencia, la Alcaldía y la Gobernación deberán gestionar y materializar espacios con miras a lograr la reubicación gradual de las personas que ocupan estos centros de detención, donde las secretarías de salud deberán practicar, además, pruebas permanentes de la COVID-19 y brigadas de desinfección.
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