Ordenan captura de funcionarios señalados de favorecer presos de alto poder

En el Valle del Cauca se ordenaron 24 capturas a funcionarios públicos, abogados, particulares, entre otros, que estarían involucrados en procesos de traslado de presos a cárceles municipales. 14 órdenes de captura, ya fueron efectuadas.

La Fiscalía General de la Nación informó que se están adelantando imputaciones por corrupción en el sistema administrativo de penas, inicialmente en el Valle del Cauca, mediante la operación denominada como ‘Los Tutelantes’.

Se trata de una estructura criminal que estaría ejecutando pagos a servidores públicos de diferentes instituciones del Estado, a partir del trabajo inescrupuloso en el que se contacta a personas que se encuentran detenidos en centros penitenciarios de máxima seguridad para posteriormente, de forma ilícita, hacer traslado a centros de reclusión municipales. 

Los pagos estarían llegando a funcionarios del Instituto de Medicina Legal, despachos judiciales, alcaldías, entre otros.

Le podría interesar: Capturan a dos presuntos responsables del asalto en restaurante al norte de Bogotá

De acuerdo con la Fiscalía, los abogados presentaban acciones de tutela con falsos sellos de reparto, dictámenes médicos equívocos de Medicina Legal, certificaciones de testigos fallecidos, documentación falsa de secretarios de gobierno y directores de cárceles.

Se indica que las tutelas que no ingresaban desde la oficina de reparto del Centro de Servicios Judiciales de Cali, eran conocidas de forma directa por el Juzgado 25 Penal Municipal con función de control de garantías de la capital vallecaucana.

En ese sentido, en coordinación con oficinas de abogados, dependientes judiciales y el consentimiento del juez, se concedía medida provisional que consistía en trasladar a reclusos de alto impacto criminal o con alto poder económico, a centros de reclusión en Guapi, Miranda, Florida y Yotoco.

Los favorecidos con los actos de la esta estructura criminal, purgan penas o medidas por delitos como concierto para delinquir, homicidios agravados, lavado de activos y algunos serían exintegrantes de carteles como el Clan del Golfo, Cartel del Pacífico y con vínculos con el fallecido Pablo Escobar Gaviria.

Dentro de ellos se encuentran Miyer Alberto García, alias ‘Chiqui”, exintegrante del Cartel de Medellín, Jaime Hernán Muñoz Londoño, José Richar Correa Giraldo, ambos integrantes del Clan del Golfo, Alonso Díaz Pantoja y Diego Fernando Sarria Rivera, miembros del cartel del Pacífico.

En las labores adelantadas por la Policía Judicial, junto al CTI de Cali, se evidenció un amplio material probatorio que derivó en 24 órdenes de captura, dentro de las cuales se han efectuado hasta el momento 14 de ellas, y se han detenido abogados litigantes de alto prestigio, funcionarios del INPEC, exintegrantes de carteles de narcotráfico, testigos falsos y funcionarios de las alcaldías municipales de Miranda y Florida en el Valle del Cauca, a quienes se les adelantarán las audiencias para la legalización de las capturas, y la formulación de imputaciones.

Entre tanto, se agregó por parte de la Fiscalía General de la Nación, que César Alpidio Blandón Jaramillo, juez 25 penal municipal de garantías en su momento, y Andrés Felipe Moncayo Jiménez, médico de Medicina Legal, aceptaron responsabilidades, luego de encontrar en el primero 20 tutelas prevaricadoras, que fueron tramitadas sin asignación ni reparto, donde se ordenaba el traslado a presos, y el segundo, por falsedad ideológica en la expedición de dictámenes falsos.

Néstor Humberto Martínez, fiscal general, aseguró que el detonante fue la corrupción judicial encontrada en el sistema de administración en el departamento del Meta en 2017 y señaló que las investigaciones seguirán adelantándose en diferentes regiones del país.