El juez 29 del circuito de Bogotá otorgó libertad por vencimiento de términos al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte, investigado como presunto miembro del denominado cartel de la toga.
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El abogado de Ricaurte argumentó que llevaba dos años privado de la libertad después de que la Fiscalía presentó el escrito de acusación y que aún no iniciaba el juicio cuando el tiempo máximo que permite la ley de ese lapso de una audiencia a la otra son 240 días.
La Fiscalía había apelado la decisión argumentando que hubo varias dilaciones en el proceso y recursos que se han ido hasta el Tribunal Superior de Bogotá, lo cual, ha alargado la etapa probatoria.
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Por ejemplo, para el jueves de la semana pasada estaba previsto que iniciara el juicio, después de casi dos años de la captura de Ricaurte y la diligencia se aplazó porque su defensa no pudo asistir.
Para ese jueves, la Fiscalía ya tenía preparados cuatro testigos que tenían previsto contar las circunstancias que lo mostrarían como supuesto miembro del denominado cartel de la toga. No obstante, la audiencia no se hizo.
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La Fiscalía acusa a Ricaurte de ser responsable de los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada, cargos que el exmagistrado no aceptó y, por lo tanto, deberá demostrar su supuesta inocencia en esta etapa procesal.
Según el ente investigador, los exmagistrados Francisco Ricaurte y José Leonidas Bustos tenían una organización criminal conocida como el cartel de la toga, la cual operó desde 2013 y hasta 2017, para el direccionamiento de decisiones judiciales y manipulación de evidencia, al que integraron al abogado y luego fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno.
De acuerdo con los investigadores, Ricaurte y Bustos eran quienes tenían los contactos, es decir, eran los que conseguían los clientes, generalmente políticos y especialmente congresistas y gobernadores, de quienes se supiera que tenían indagaciones, investigaciones o procesos en su contra que fueran adelantados en la Corte Suprema o en la Fiscalía.
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