La Justicia Especial para la Pazpresentó este viernes, 25 de noviembre, las conclusiones de la investigación del macrocaso 1, que abarcaba los hechos de secuestro cometidos por el antiguo secretariado de las Farc.
De acuerdo con la resolución, los ocho integrantes aportaron verdad y participaron de manera activa en los encuentros testimoniales, así como que aceptaron su responsabilidad en los delitos.
En esa medida, recomienda al Tribunal de Paz la sanción máxima de ocho años de restricciones y acciones de reparación, que no implicarán cárcel para Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Alape y Julián Gallo; mientras que la pena mínima de cinco años para Rodrigo Granda.
La JEP aprobó además seis proyectos restaurativos presentados por los ex Farc, relacionados con trabajos de desminado humanitario, búsqueda de personas dadas por desaparecidas, restauración ambiental del páramo de Sumapaz y actividades de dignificación de la memoria de las víctimas.
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Además, sugirió también al Tribunal tener en cuenta espacios privados entre comparecientes y victimarios para pedir perdón, por ejemplo.
En esa medida, explicó la magistrada Julieta Lematrie que, si bien aún falta para que el tribunal determine la sanción definitiva, esto no implica que los antiguos del secretariado dejen de participar en política, pues fue un derecho adquirido al firmar el Acuerdo de Paz y mantenerse en el proceso.
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“Es parte de las garantías del Acuerdo Final. La pregunta es la compatibilidad de la sanción con la participación en política, es decir, de las acciones concretas que deberán tener unos horarios y lugares. También comentamos que la sanción debe ser afín con los procesos de reincorporación tanto en lo económico, social y política”, detalló Lemaitre.
Ahora, el Tribunal de Paz tendrá un plazo de seis meses para revisar las conclusiones, los informes, las propuestas de reparación y escuchar nuevamente las víctimas y así, definir las sanciones, acogiendo o no lo presentado por la Sala de Reconocimiento.
Además, uno de los puntos a evaluar es la imputación por esclavitud hecha por la JEP y que el secretariado no aceptó.
“Si bien ellos aceptaron haber ordenado trabajos forzosos, no aceptaron llamarlo como esclavitud. Ese nombramiento, esa manera de llamarlo, también será revisada en el tribunal”, dijo la magistrada.
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