En la sentencia contra el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, el juez 11 de conocimiento de Bogotá pidió que se investigue a varias personas que, a su juicio, deben dar explicaciones a la justicia por sus actuaciones en el caso denominado carrusel de la contratación.
En primer lugar, pide que se investigue, como ya se conocía, al exalcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón; el resto del listado es largo y tiene que ver con el contrato 137 del 2007 con el que se pagaron las obras para poner en marcha la fase III de TransMilenio. Al parecer, Garzón lo adjudicó poco antes de dejar la alcaldía.
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Incluso, Garzón rindió interrogatorio en su momento en la Fiscalía pues fue el que adjudicó la construcción de
TransMilenio en la calle 26 y en la Carrera Décima, en diciembre del 2007, al cierre de su gobierno.
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El juez dice que deben ser investigados los “funcionarios de la administración distrital de Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno en las faltas por omisión de control enmarcadas en el artículo 19 de 1972 numeral 13 tras su responsabilidad de firmar la adjudicación de contratos”.
Además, pide que se investigue a las juntas directivas del IDU y de Conalvias (durante las administraciones de Garzón y Moreno) para ver qué decisiones tomaron todos los miembros de las juntas en los contratos que luego la Fiscalía determinó eran corruptos.
Juez también pide que se investigue a fiscales
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Finalmente, el juez también pide que se investigue al exfiscal general de la época en la que se iniciaron las investigaciones y a los exfiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia Juan Vicente Valbuena y Ricardo González, que iniciaron las primeras pesquisas.
Por la época de los hechos, se trataría del fiscal general Eduardo Montealegre.
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