La Procuraduría formuló pliego de cargos contra la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes de Zúñiga, y el exgobernador del mismo departamento, Luis Miguel Cotes, por presuntas irregularidades en la implementación y ejecución de la denominada Vía de la Prosperidad, que conecta a las poblaciones de Palermo, Sitionuevo, Remolino y Guáimaro, todas en el Magdalena.
Según el organismo de control, los gobernadores habrían incurrido en la “posible transgresión de los principios de economía y responsabilidad que rigen la contratación estataly de eficacia de la función administrativa”, falta considerada por la Procuraduría como de culpa gravísima y que podría derivar en una medida de destitución o inhabilidad de 10 a 20 años.
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Se trata de una vía de 52 kilómetros que le ha terminado por costarle a la Nación 466.900 millones de pesos, que fue contratada en 2013 y debía ser entregada en julio de 2018, pero en amplios tramos todavía se encuentra en obra.
De acuerdo con la Procuraduría, Luis Miguel Cotes celebró el contrato con posibles deficiencias técnicas en planeación del corredor vial, toda vez que se cumplió con estudios y diseños desactualizados elaborados en 2008 sin tener en cuenta la transformación del terreno por la ola invernal de 2010 y 2011.
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En cuanto a la gobernadora Rosa Cotes se le señala por la presunta demora en iniciar un proceso sancionatorio y de multas al contratista Consorcio Ribera Este, no obstante las múltiples solicitudes de la interventoría.
Por todo lo anterior, la Procuraduría considera que esta obra, de interés vital para la conectividad de la región Caribe, tiene “alto riesgo” de no cumplir con su alcance y no servir al propósito para la cual fue aprobada.
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