El juzgado 36 penal municipal con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en el lugar de residencia al suspendido funcionario de la Procuraduría Jesús Alejandro Garzón, a quien la Fiscalía le imputó el delito de concusión al supuestamente pedir dinero para favorecer procesos disciplinarios.
“El señor Garzón está en grave estado de salud”, dijo la juez y manifestó que tiene secuelas luego de haber contraído COVID-19.
También dijo que en la cárcel hay hacinamiento y que “es justo y necesario que la medida de aseguramiento se cumpla en su lugar de residencia al cuidado de su familia, no exponiendo su integridad en el centro de reclusión”.
El funcionario fue capturado el viernes y la Fiscalía le imputó el delito de concusión por, supuestamente, pedirle 300 millones de pesos al senador Richard Aguilar para favorecerlo en un proceso disciplinario en su contra.
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Además, se le señala en un segundo caso que tiene que ver con una asesoría que habría hecho al entonces capitán de la Policía Manuel Alejandro Rondón para que cobrara una suma de dinero y luego interpusiera una tutela en un proceso disciplinario. Según la Fiscalía, luego proyectó una decisión que favorecía al uniformado.
“La labor de este funcionario era inducir al pago de dinero a cambio de favorecer en las diferentes decisiones disciplinarias”, dijo la juez durante la imposición de la medida y añadió que la idea era generar una ganancia al inducir a procesados que estaban inmersos en procesos disciplinarios.
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El Ministerio Público no estuvo de acuerdo con la decisión y dijo que se requiere “un dictamen oficial” de la salud de Garzón para poder imponer esa medida en residencia. También señaló que la imposición debe ser en centro carcelario.
Manifestó que habría dificultad de controlar lo que hace el procesado y que pueda seguir influyendo en la investigación. La defensa señaló que sí está sustentado su estado de salud.
Finalmente, la juez ratificó su decisión pues dijo es una situación de “humanidad” en el que se “desprende que se encuentra enfermo”. Señaló que si bien es cierto se debe tener el examen de Medicina Legal, el señor Garzón estuvo en las puertas de la entidad y que “ninguna persona” le dijo que necesitaba ese examen y que por eso “no espero a la valoración”.
En la defensa de su decisión, la juez dijo que no fue valorado por Medicina Legal porque “no aguantaba una fila” y que existe una cuestión de “humanidad”. “A nosotros nos interesa que el señor tenga salud para defenderse”, dijo la juez. “Porque no le vamos a dar credibilidad a lo que nos dice”, añadió.
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