Procesos penales contra congresistas no se paralizan, advierte Corte Suprema

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia seguirá decidiendo en los procesos penales que actualmente cursan en ese alto tribunal mientras entra en vigencia el acto legislativo que crea la doble instancia para aforados.

La corte estima que en un plazo no mayor a dos meses entraría a funcionar este nuevo sistema y a partir de ese momento los casos que estén a cargo de la sala penal pasarán a las nuevas salas: una de instrucción, que será la encargada de investigar y acusar, y una de juzgamiento.

Posteriormente, si así lo decide la defensa, la decisión que salga de la sala de juzgamiento puede ser apelada y el proceso llegará entonces a la sala penal de la Corte Suprema, que, en ese orden de ideas, seguirá teniendo la última palabra.

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Las nuevas salas estarán integradas por nueve magistrados, tres para la sala de instrucción y seis para la sala de juzgamiento. Estos magistrados serán elegidos por la sala penal con base en las listas presentadas por la Judicatura.

Además, se requiere un presupuesto de aproximadamente 13.500 millones de pesos destinados para contratar a los nuevos magistrados y para temas logísticos, dinero que, según fuentes de la corte, ya el propio presidente Juan Manuel Santos dio la orden de conseguir.

Uno de los principales inconvenientes a los que se tendrá que enfrentar la Corte Suprema es que algunos de los procesos que lleguen a segunda instancia, probablemente, ya hayan sido conocidos con anterioridad por los magistrados de la sala penal. En esos casos, los magistrados deberán declararse impedidos y la segunda instancia quedaría a cargo de conjueces.

Por otro lado, quedó claro que los casos en los que ya ha habido alguna decisión de condena o absolución son cosa juzgada y, por lo tanto, no podrán pedir segunda instancia.

El alto tribunal ha tomado la decisión de seguir adelante mientras entra en funcionamiento la doble instancia para no frenar casos como, por ejemplo, el juicio al exmagistrado Jorge Pretelt por el escándalo de Fidupetrol, o la eventual colaboración de Musa Besaile y el ‘Ñoño’ Elías en escándalos como el del cartel de la toga y Odebrecht.

El mensaje unánime del tribunal es que, si el legislador no prevé una norma de transición, como en efecto sucedió con este acto legislativo, "el juez está obligado a llenar el vacío que dejó la omisión legislativa y ese vacío lo llenamos con principios generales de derecho y a través de una razón práctica que indica que las funciones de investigación y juzgamiento no las puede cesar la Corte hasta tanto no entren las nuevas salas a las que les fueron adjudicadas estas funciones".