Ante las crecientes denuncias ciudadanas sobre elevados costos en los recibos de servicios públicos en medio de la emergencia sanitaria, la Procuraduría General anunció la apertura de una indagación preliminar a funcionarios de tres entidades.
Se indagará a funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos, la Comisión Reguladora de Agua (CRA) y la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) para establecer cuáles han sido los controles a la facturación durante la pandemia.
En un comunicado, el ente de control aseguró que, además, se indagará si desde estas entidades se establecieron medidas o
programas para garantizar que al consumidor llegara el cobro real del consumo.
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En caso particular se investigarán a funcionarios de servicios públicos de las regiones de Sumapaz, Guavio y Gualivá en Cundinamarca; la Sociedad Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP (CHEC- GRUPO EPM) y el municipio de Santuario, Risaralda, tendrán vigilancia especial.
La Procuraduría también trasladó ante la SuperServicios quejas contra ENEL/Codensa, por facturaciones en Bogotá que no harían parte del servicio, así como presuntos cobros injustificados.
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