La Procuraduría General de la Nación solicitó ante la sección tercera del Consejo de Estado que declare nulos el decreto 3004 de 2013 y la resolución 90341 de 2014 que establecieron los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales como el fracking.
La razón principal de su petición es que dichos documentos no se establece una compatibilidad con los principios de precaución y desarrollo sostenible previstos en la constitución, además, el Ministerio Público afirma que a falta de ello existe peligro de daño al medio ambiente, en especial, la contaminación de aguas subterráneas y superficiales, el aumento de la actividad sísmica en los lugares donde se desarrolla la práctica y un potencial daño a la salud del ser humano.
La Procuraduría enfatizó que, de darse el daño, este resultaría irreversible porque Colombia no cuenta con una línea base confiable de información ambiental e hidrológica, ni capacidad de monitoreo y control para lo mismo.
Es claro que las normas demandadas permiten desarrollar una actividad que puede traer graves e irreversibles consecuencias para la salud del ser humano y que causa daño a las aguas subterráneas y superficiales y, por consiguiente, los ecosistemas que dependan de éstas, razón por la cual la práctica que pretende implementarse no es compatible con el principio de desarrollo sostenible previsto en la Constitución Política
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