Funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República inspeccionan este martes en la Gobernaciòn del Atlántico documentación sobre los contratos de ayuda alimentaria y compra de equipos de bioseguridad duarante la emergencia por COVID-19.
A comienzos de abril, la Procuraduría había anunciado investigaciones por posibles sobrecostos en contratación durante la emergencia en ocho departamentos: Atlántico, Cesar, Cundinamarca, Arauca, Norte de Santander, Meta, Tolima y San Andrés.
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En la lupa de los entes de control está un contrato por 9.600 millones de pesos que tiene como propósito suministrar insumos de bioseguridad a las ESEs del departamento del Atlántico, luego de una denuncia que recibió la entidad por presuntas irregularidades en su ejecución.
En su momento, la gobernadora Elsa Noguera dijo sentirse tranquila ya que los contratos cumplen todos los requisitos.
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