Desde el 2020 laRegistraduría Nacionaly la Fiscalía General de la Nación iniciaron un proceso de investigación y seguimiento a organizaciones delictivas que se estarían dedicando a la falsedad de la identificación de varias personas para cometer actos delictivos, recibir la nacionalidad, e incluso para la trata de personas.
No es un delito de una simple identidad de un documento público, sino hace parte de una organización criminal que no solo busca falsificar la identidad del colombiano sin obtener su nacionalidad, de paso la cedula para estar incluido en el censo electoral y posteriormente obtener el pasaporte para buscar como emigra a otros países para cometer delitos
Este problema se venía presentando desde el 2014 y en los últimos meses se han realizado capturas de funcionarios de la Registraduría y otras personas que se estarían prestando para cometer estos delitos.
Tenemos temas de trata de personas, se están vendiendo niños a través de la identidad, falsifican la identidad de los niños, tenemos casos identificados donde en una zona del país adulteran la edad de las niñas y las pasan por mayoría de edad para luego ser expuestas a la prostitución. Son muchos los temas que llevan la falsedad de la identidad
La Registraduría y la Fiscalía aseguraron que se están revisando más de 301.648 registros de nacimiento por irregularidades en su inscripción, entre otros.
“Han organizado una serie de falsedades de registros irregulares, han llevado a cabo registros a través de testigos sin conocerlo y dicen que los padres son colombianos, consultamos las bases de datos y esos papás no existen, hemos encontrado a ciudadanos que los han utilizado sin saberlo. Encontramos el caso de un ciudadano venezolano que decía que la mamá era una señora y verificamos para que le diera el apellido y lo tuvo a los 85 años, una señora a esa edad no puede tener hijos”, agregó.
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Estos casos se han denunciado ante las autoridades como la Fiscalía, Migración Colombia y Cancillería para identificar si estos han sacado otros documentos y si han salido del país.
Este fenómeno también se estaría presentando en matrimonios ficticios, en los que participan ciudadanos del exterior de diferentes nacionalidades como venezolanos, ecuatorianos, centroamericanos, entro otros.
En la costa encontramos aproximadamente 2.000 registros de matrimonio, llamábamos a uno de los contrayentes, bien sea al colombiano o colombiana, y nos decían que no estaban casados, pero ese fue el resultado de nuestras visitas administrativas y en una bolsa de la basura encontramos estos delitos de matrimonio. Los trajimos a Bogotá y de esos 2.000 ya revisamos 50, cuando revisamos nos dicen que no están casados, que tienen otro matrimonio e hijos y no conocen a esa persona, que no han ido a ese departamento
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Este fenómeno también se presentó en registros civiles de defunción, utilizados para encubrir la identidad de narcotraficantes, cabecillas del ELN, disidentes de las Farc e integrantes del Clan del Golfo, los cuales fueron anulados por fraude y de los que se identificaron 10 casos.
“Alias ’Guacho’ había tenido un nacimiento como una defunción para poder ocultarse de las autoridades, del Clan del Golfo hemos encontrado a alias ‘Plástico’, que fue capturado a principios de este año en Cartagena y ya cuando lo capturaron él tenía un registro de defunción. De la misma manera hemos encontrado en el Atlántico a dos personas vinculadas o con alertas rojas de autoridades extranjeras por temas de narcotráfico”, aseguró el director de registro civil.
En los departamentos del Atlántico, Norte de Santander, Valle del Cauca, La Guajira, Córdoba, Cundinamarca, Bolívar, Magdalena, Arauca, Caldas, Quindío, Nariño, Vichada, Cesar y Bogotá se evidenciaron irregularidades y los funcionarios ya fueron denunciados en la Fiscalía, Procuraduría e incluso en la Superintendencia de Notariado.
En los últimos días en Norte de Santander fueron capturadas 9 personas, entre ellas, 5 funcionarios y exfuncionarios de la Registraduría Nacional.
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La Registraduría decidió hacer una revisión detallada del censo electoral para evitar que los documentos de identidad fraudulentos sean usados en las próximas elecciones del 2022, donde se eligen al Congreso y al presidente de la República para el periodo 2022-2026.
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