El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, la vicefiscal general de la Nación, Martha Mancera, y las autoridades paraguayas, presidieron una rueda de prensa en Cartagena donde revelaron detalles de las investigaciones que se llevan acabo por lo que denominaron, el magnicidio del fiscal Marcelo Pecci.
Según las primeras pesquisas, un sistema de crimen organizado trasnacional estaría detrás del asesinato del funcionario en la isla de Barú, en Cartagena.
“El crimen fue un magnicidio contra la justicia cometido por un sistema de crimen organizado trasnacional con alta planeación e inversión de recursos para cometer este hecho”, detalló el general Vargas.
Asimismo, revelaron que la primera hipótesis acerca de este asesinato tendría relación con las investigaciones que adelantaba el fiscal Pecci contra el terrorismo internacional.
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Por su parte, Mancera expresó que son más de 100 pruebas las que han recolectado en las primeras 24 horas del crimen.
BLU Radio conoció que los investigadores que están en terreno han efectuado más de 20 entrevistas de personas que estaban en el lugar de los hechos y que se hospedaban en el mismo hotel en Barú,en el que permanecía el fiscal junto a su esposa.
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Incluso, junto a Migración Colombia, las autoridades están haciendo verificaciones de identidades y actividades de ciudadanos extranjeros que estaban en el lugar de los hechos, para determinar si alguno tiene relación directa con el crimen.
Las autoridades policiales mantienen labores de búsqueda intensas en puestos de control en carreteras, aeropuertos y pasos fronterizos. Es preciso recordar que es una investigación que se está desarrollando entre las policías y fiscalías de Paraguay y Colombia en conjunto con Interpol, DEA y el FBI.
Finalmente, sobre el sospechoso que aparece en el afiche de búsqueda difundido y quien, según las investigaciones preliminares, habría sido la persona que accionó el arma contra el Fiscal Especializado, se sabe que es un hombre con acento caribeño, que mide 1.74 metros y que tiene tez trigueña.
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Las autoridades mantienen recompensa de 2.000 millones de pesos por información relevante sobre el caso.
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