La Superintendencia de Industria y Comercio volvió a sancionar a Uber, esta vez lo hizo por obstruir una visita administrativa, es decir, por impedir que los funcionarios de la entidad hicieran su trabajo de investigación en la compañía.
La entidad encontró presentaciones oficiales de Uber a sus empleados en las que, explícitamente, les piden que no respondan preguntas sobre el modelo de negocio, que no se identifiquen plenamente y que se nieguen a que las autoridades accedan a los computadores.
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La visita se hizo en el marco de una investigación sobre el robo de miles de cuentas de usuarios colombianos en el año 2016 y que terminó con la imposición de medidas de preventivas sobre la compañía.
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La multa fue de $2.100 millones y, adicionalmente, tres empleados de la compañía van a tener que pagar más de $10 millones cada uno.
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