El Tribunal Superior les dio la razón a las ciudadanas Yuliana Judith Anaya Doria y Alba Luz Ruiz Ríos, quienes, a través de una tutela, argumentaron que las autoridades no estarían dando cumplimiento al fallo que profirió la Corte Suprema de Justiciaen septiembre de 2020 y el cual que ordenaba al presidente de la República, el Ministerio de Defensay a la Policía “adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no destructiva", debido a los reportes de uso excesivo de la fuerza.
En la tutela, las ciudadanas dicen que se están vulnerando sus derechos a la protesta, a la vida y a la libertad de expresión pues no pueden salir a las manifestaciones por ese “uso desproporcionado de la fuerza”.
“No nos es posible acudir a las manifestaciones pacíficas programadas en el marco del paro nacional programado a partir del 28 de abril de 2021 y en lo sucesivo, en el entendido que las intervenciones con uso desproporcionado en la fuerza, además del uso de armas de fuego y gases lacrimógenos efectuados por la fuerza pública (Policía Nacional y la unidad antidisturbios ESMAD) desencadenando actos violentos que generan situaciones de inseguridad, zozobra, pánico generalizado poniendo en riesgo incluso la vida misma como ya se mencionó con anterioridad, lo cual se extiende a diferentes ciudades del país entre esas Cali, Medellíny Bogotá”, dice el documento.
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Con base a los argumentos expuestos, dice el tribunal que no se observa razón alguna para impedir que Yuliana Judith Anaya Doria y Alba Luz Ruiz Ríos promuevan el presente incidente de desacato y que por eso se dispone la apertura del incidente de desacato contra el Ministerio de Defensa, la Policía y la Alcaldía de Bogotá. Sin embargo, les da 3 días a las entidades para que entreguen pruebas de sus decisiones y se defiendan.
Además, el tribunal tomó la decisión de remitir el incidente de desacato a la Cámara de Representantes para que se evalúe si abre incidente de desacato al presidente de la República, Iván Duque.
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Las entidades deberán contestar en los próximos días explicando que han cumplido y, entonces, si se ha cumplido lo ordenado por la Corte, el tribunal deberá cerrar el trámite, pero sí decide lo contrario puede, incluso, hasta ordenar el arresto de las personas que están a cargo de las entidades vinculadas, con excepción del presidente de la República.
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