La Corte Suprema de Estados Unidos debatió sobre la legalidad de los "bump stocks", dispositivos que convierten armas semiautomáticas en armas automáticas, a raíz del tiroteo masivo en Las Vegas en 2017.
La ATF clasificó los "bump stocks" como dispositivos sujetos a la misma ley que prohíbe las ametralladoras de 1934, lo que fue cuestionado por un vendedor de armas de Texas.
Los argumentos ante la Corte Suprema se centraron en la definición técnica de ametralladora según la ley de 1934 y si los "bump stocks" califican dentro de esa categoría.
La jueza liberal Elena Kagan y el juez conservador Samuel Alito expresaron puntos de vista opuestos sobre la interpretación de la ley y el alcance de las regulaciones sobre armas.
Se mencionó que los "bump stocks" podrían tener usos legítimos para personas con discapacidades en los dedos.
La Corte Suprema ya había ampliado los derechos sobre armas en un fallo de 2022, garantizando el derecho a portar armas en público, pero persisten regulaciones en torno a esta práctica.
A pesar de la preferencia de la mayoría de los estadounidenses por regulaciones más estrictas sobre armas, la influencia del lobby armamentista y la cultura de las armas han obstaculizado las acciones del Congreso al respecto.
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